El comité coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieros manifestó, en un comunicado, su respaldo a la cooperación anunciada entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, al considerarla una alianza estratégica para fortalecer la seguridad en el hemisferio.
El sector privado organizado sostuvo que el propósito de esa cooperación es enfrentar de forma conjunta las amenazas transnacionales y fomentar una mayor estabilidad regional.
El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, aseguró este jueves que Estados Unidos no realizará maniobras militares ni operaciones antidrogas en territorio guatemalteco. Con esa aclaración, buscó desmentir una versión publicada por The New York Times sobre supuestos ataques aéreos conjuntos y acotar el alcance de la cooperación bilateral en seguridad y defensa.
La postura oficial se dio en medio de una controversia política y diplomática: según EFE, varios diputados guatemaltecos advirtieron que un acuerdo de esa magnitud tendría que ser aprobado por el Congreso, en un contexto de tensiones regionales por la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump.
Sáenz aseguró que “no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala”, respaldando lo dicho horas antes por el presidente Bernardo Arévalo. Añadió que la Constitución guatemalteca no permite una intervención de ese tipo.
El Gobierno de Guatemala limitó la cooperación con Estados Unidos a apoyo bajo mando nacional
Según EFE, la controversia se generó tras una publicación de The New York Times que afirmaba que Guatemala habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra cárteles de la droga a partir del mes siguiente, luego de una supuesta llamada del 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Frente a esa versión, Arévalo precisó que la solicitud hecha a Estados Unidos consiste en cooperación para apoyar operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala, en el marco del interés estadounidense por combatir las redes del narcotráfico.
El presidente subrayó además que “Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que esperamos que se intensifiquen”.
Sáenz dijo que la cooperación ya existe desde 2000 y que la petición es ampliarla
En declaraciones a medios nacionales, Sáenz afirmó que el marco legal y operativo para la cooperación ya está establecido: “Miran las leyes vigentes, los convenios que tenemos con Estados Unidos, tenemos protocolos para todo. Esto ya lo tenemos bien reforzado y bien cubierto en todos los ámbitos. Inclusive hay procedimientos específicos para aire, mar y tierra. Eso desde el 2000 para acá”.
El ministro agregó que la carta enviada no propone romper con lo anterior, sino ampliar mecanismos ya existentes: “Lo que nosotros estamos diciendo en esa carta es que se incremente lo que ya teníamos. Entonces, ustedes no van a ver un cambio significativo en las acciones porque ya venimos haciendo”.
Consultado sobre una eventual respuesta de Washington, Sáenz dijo que aún no la habían recibido, y a la vez reivindicó la relación bilateral: “Quiero honrar todo lo que hace el socio estratégico con nosotros, los Estados Unidos de América. Nos dan capacitación, nos quitaron el embargo que teníamos por más de 47 años”.
Sáenz añadió que ese cambio permitió a Guatemala acceder a tecnología y armamento actualizado para combatir al crimen organizado transnacional, y destacó las donaciones de equipo militar recibidas. Según sus palabras, ahora el país busca “un poco más”, basándose en los resultados que asegura haber obtenido en la lucha regional contra esas redes.
La polémica descrita por EFE coincidió con las fricciones en torno al Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional creada en marzo por la Administración de Donald Trump e integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador. Los gobiernos de corte progresista de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.
