Tras una semana en la que varios legisladores estuvieron de viaje y un feriado, el Senado retoma una intensa actividad de 72 horas y se perfila una sesión entre mañana y el jueves. La prioridad es votar y girar a Diputados un acuerdo entre el Estado argentino y dos holdouts por 171 millones de dólares, cuyo plazo vence a fin de mes.
La confirmación de la sesión se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para la mañana del miércoles 11, que se realizará en el despacho de la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel. Además del acuerdo con los holdouts, el bloque La Libertad Avanza impulsa la aprobación de una ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
Desde algunos sectores afines al oficialismo se introdujeron cambios al texto impulsado por la presidencia del bloque que conduce Patricia Bullrich, lo que dejó la iniciativa con menos herramientas y generó incertidumbre sobre el avance de los pliegos judiciales tras episodios recientes vinculados a esa cuestión. En ese contexto, se observan tensiones internas en la coalición libertaria.
El Gobierno central se beneficia de la reticencia de sus aliados a volver a confrontar con el Ejecutivo y de la fragmentación del sector kirchnerista. No obstante, hay señales de alerta por promesas incumplidas desde la Casa Rosada y por divisiones internas en los diferentes espacios de diálogo con el oficialismo.
La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por fuerzas afines al mileísmo, postergó en las últimas semanas la discusión de la reforma política enviada por la Casa Rosada —que incluye propuestas sobre PASO, cambios en partidos, Boleta Única y Ficha Limpia— y convocó para este miércoles únicamente al proyecto conocido como “Horajasca”, destinado a derogar unas 70 normas antiguas ya aprobadas por Diputados.
En el paquete de comisiones hay varias convocatorias para firmar despachos sobre convenios internacionales remitidos por la Cámara baja. El debate sobre la ludopatía, ingresado hace pocos días, tendrá menos recorrido en esta agenda, mientras que una iniciativa para modificar la ley de salud mental sigue en diálogo y busca el mayor consenso posible en el Senado.
Otros temas aparecen y se diluyen con rapidez, como la discusión prolongada sobre el cierre de minas o el etiquetado frontal de alimentos. En cambio, llamó la atención un plenario conjunto de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda para analizar próximamente la agenda de biocombustibles, tema que suele servir para acercar a sectores indecisos.
Paralelamente a la postergación de la reforma política avanza un proyecto que modifica la designación de “zonas frías” e incorpora “zonas calientes”, una iniciativa presentada por el Gobierno para acordar con gobernadores provinciales y atajar desequilibrios energéticos previos. Sin embargo, algunas bancadas expresan preocupación por el efecto que esto tendrá en las tarifas.
En el tablero parlamentario, el envío de nuevos pliegos judiciales desde Balcarce 50 orientados a sectores dialoguistas, eventuales concesiones sobre iniciativas paralizadas y la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distritos aliados se perfilan como incentivos para mantener la coalición unida, pese a antecedentes recientes en los que acuerdos con el oficialismo no fueron plenamente respetados durante sesiones extraordinarias anteriores.
