Tras una semana con legisladores de viaje y un feriado que redujo la actividad parlamentaria, el Senado tendrá 72 horas intensas y una sesión probable entre mañana y el jueves, aunque sin proyectos de gran impacto. La prioridad es votar y remitir a Diputados un acuerdo entre el Estado argentino y dos holdouts por 171 millones de dólares, que vence a fin de mes.
La confirmación de la sesión se concretará en las primeras horas del miércoles 11, tras la reunión de la Labor Parlamentaria que se celebrará en el despacho de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Además del acuerdo mencionado, el bloque La Libertad Avanza busca aprobar una ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
En la oposición cercana al oficialismo se modificó el texto que presentó la presidencia del Senado, lo que dejó a Patricia Bullrich con menos herramientas políticas. Queda pendiente si los pliegos judiciales dictaminados llegarán al recinto, luego de controversias recientes vinculadas al oficialismo. En varios casos, las iniciativas libertarias han generado más problemas que soluciones.
El Ejecutivo se beneficia de la falta de voluntad de algunos aliados para reabrir un enfrentamiento con el Gobierno y de la fragmentación del cristinismo. No obstante, empiezan a surgir señales de malestar por promesas no cumplidas desde Balcarce 50, incluidas gestiones asociadas a Bullrich, que han generado desconfianza entre interlocutores y cierta confusión sobre la estrategia de La Libertad Avanza y sus internas.
En consonancia con esa dinámica, la comisión de Asuntos Constitucionales no avanzó en la reforma política enviada por el Ejecutivo —que incluye cambios como la eliminación de las PASO, modificaciones en la estructura de partidos, la extensión de la boleta única y la implementación de la Ficha Limpia— y en su lugar convocó para este miércoles al proyecto que elimina unas 70 normas antiguas, ya aprobado por Diputados hace menos de quince días. Esa priorización del Gobierno ha sido cuestionada en varios despachos.
Entre las comisiones se prevén plenarios para firmar despachos sobre convenios internacionales aprobados por la Cámara baja. Otros temas, como la ludopatía, han perdido impulso; una reforma que modificaría la ley de salud mental sigue en negociación y el objetivo es alcanzar el mayor consenso posible en el Senado, algo que luce difícil.
Hay iniciativas que aparecen y desaparecen con rapidez, como el debate sobre el cierre de minas o el etiquetado frontal de alimentos. Llamó la atención la convocatoria conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda para analizar, pasado mañana, la agenda de biocombustibles, un tema que suele servir para atraer apoyos indecisos.
Paralelamente a la inactividad sobre la reforma política, se trata un proyecto que modifica sectores de las llamadas “zonas frías” y busca incorporar “zonas calientes”, con el objetivo de corregir problemas del sistema energético atribuidos a gestiones previas. La propuesta fue presentada como una forma de acordar con gobernadores provinciales, aunque varios bloques expresan molestia por el aumento tarifario que podría implicar.
En este contexto, el envío de un nuevo paquete de pliegos judiciales desde Balcarce 50 que interese a interlocutores, eventuales concesiones sobre iniciativas trabadas y la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distritos afines aparecen, hasta ahora, como incentivos para retener a aliados que reclaman cumplimiento de acuerdos que consideran incumplidos por el oficialismo y por Bullrich. En sesiones extraordinarias anteriores, en diciembre y febrero, esos mecanismos no alcanzaron para sostener la gobernabilidad plenaria.
