A lo largo de su historia, Argentina vivió episodios de violencia interna cuyas secuelas continúan abiertas; en algunos casos, quienes participaron en esos hechos han sido posteriormente reivindicados.
El 16 de junio de 1955 la población civil fue bombardeada y ametrallada por aviones de la Marina de Guerra, con un saldo de 366 muertos y 1.053 heridos. Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, la persecución contra el peronismo se intensificó, con miles de detenciones y un aumento de la violencia que tuvo un punto crítico en los fusilamientos del 9 de junio de 1956.
En la noche del levantamiento del 9 de junio, un grupo liderado por el general Juan José Valle intentó derrocar al gobierno de facto. La sublevación fue rápidamente sofocada y en los enfrentamientos perdieron la vida seis personas: tres miembros de las fuerzas de la dictadura —Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez— y tres civiles vinculados al peronismo —Ramón R. Videla, Carlos Irigoyen y Rolando Zaneta.
El presidente y el vicepresidente del régimen de facto, Pedro E. Aramburu e Isaac F. Rojas, estaban al tanto del levantamiento; según las fuentes, permitieron que se desarrollara con la intención de aplicar una represión ejemplar. Días antes, el 8 de junio, se habían detenido a dirigentes gremiales con el objetivo de debilitar la rebelión. Aramburu había firmado además tres decretos: el No 10.362, que declaraba la ley marcial; el No 10.363, que restablecía la pena de muerte; y el No 10.364, destinado a incluir posteriormente los nombres de los condenados.
Durante la noche del 9 de junio la mayoría de los sublevados fueron detenidos. En Lanús, seis personas encargadas de montar la emisora para la proclama revolucionaria fueron arrestadas en la Escuela Industrial de Avellaneda: el teniente coronel José A. Yrigoyen, el capitán Jorge M. Costales, Dante H. Lugo, Norberto Ross, Clemente B. Ross y Osvaldo A. Albedro. Todos ellos fueron ejecutados en lo que se describió como fusilamientos simulados entre las 2 y las 4 de la madrugada.
Entre el 10 y el 12 de junio se registraron más ejecuciones en distintos lugares, como José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, la Penitenciaría Nacional y La Plata. Doce detenidos fueron trasladados por fuerzas de seguridad a los basurales de José León Suárez, donde cinco de ellos —Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos A. Lisazo, Vicente Rodríguez y Mario Brion— fueron asesinados; siete sobrevivieron: Miguel A. Giunta, Juan C. Livraga, Reinaldo Benavidez, Horacio Di Chiano, Rogelio Díaz, Norberto Gavino y Julio Troxler.
En ese marco, comandos bajo el mando del general Domingo Quaranta, jefe del Servicio de Informaciones del Estado, irrumpieron en la embajada de Haití vulnerando la inmunidad diplomática, donde se hallaban asilados militares argentinos, entre ellos el general Raúl Tanco. El 14 de junio secuestraron a algunos de los asilados y agredieron a la esposa del embajador Jean F. Brierre, con comentarios de carácter racista por parte de un oficial. La firmeza del diplomático llevó a que Aramburu restituyera a los asilados a la embajada al día siguiente.
En La Plata fueron asesinados el 10 de junio Carlos Irigoyen, Ramón R. Videla y Rolando Zanetta. El 11 y 12 de junio también fueron fusilados el teniente coronel Oscar L. Cogorno y el subteniente de reserva Alberto Abadie. En Campo de Mayo, el 11 de junio, perdieron la vida el coronel Eduardo A. Cortines, el capitán Néstor D. Cano, el coronel Ricardo S. Ibazeta, el capitán Eloy L. Caro, el teniente primero Jorge L. Noriega y el teniente primero y maestro de Banda Néstor M. Videla.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el 11 de junio fueron ultimados el suboficial principal Ernesto Gareca, el suboficial principal Miguel A. Paolini, el cabo músico José M. Rodríguez y el sargento Hugo E. Quiroga. Ese mismo día, en la Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras, fueron fusilados el sargento ayudante Isauro Costa, el sargento carpintero Luis Pugnetti y el sargento músico Luciano I. Rojas. Además, Miguel A. Mauriño fue ametrallado en el Automóvil Club Argentino y falleció el 13 de junio en el Hospital Fernández.
El general Juan José Valle fue ejecutado el 12 de junio de 1956 en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, en el lugar que hoy corresponde al parque Las Heras. Antes de su muerte escribió cartas a sus familiares; a su esposa, Dora Cristina Prieto, le expresó la convicción de haber dedicado su vida al país y al Ejército y le pidió serenidad frente a lo ocurrido.
El último de los asesinados vinculados a estos hechos fue Aldo E. Jofré, detenido desde el 9 de junio y hallado ahorcado en condiciones que se describieron como un suicidio simulado en la Divisional de Lanús el 28 de junio.
El balance del levantamiento fue grave: más de treinta personas, entre militares y civiles, fueron ejecutadas clandestinamente en un contexto de represión destinada a infundir temor. Para quien desee profundizar, el libro Mártires y Verdugos (1964) de Salvador Ferla aborda este episodio.
Uno de los supervivientes, el general Raúl Tanco, declaró años después que la organización conspirativa presentaba infiltraciones y que, por razones de seguridad, no buscaron contacto directo con Perón en el exilio. Tanco explicó que confiaban en el apoyo moral del líder peronista y que, por prudencia, no se presentó la acción como dirigida directamente por Perón, aun cuando él supiera de la identidad de algunos de los sublevados.
La posición inicial de Perón sobre los hechos fue expresada en una comunicación fechada el 12 de junio, en la que señaló que, aunque el golpe fallido le había dado la razón en algunos aspectos, el costo había sido demasiado alto. Instó a prepararse de manera concienzuda para lograr la Revolución Social en el plazo que fuese necesario y consideró que la experiencia debía servir como lección.
Con el tiempo, Perón mantuvo una valoración crítica de la insurrección armada contra un ejército regular, describiéndola como prematura y carente de la amplitud necesaria, fruto del impulso de personas apasionadas que no midieron las consecuencias de la represión, la cual calificó de cruel.
Según Perón, la organización de la resistencia no estuvo guiada por el odio o la venganza sino por consideraciones políticas y patrióticas. En una carta fechada el 31 de mayo de 1966 y enviada desde Madrid al general Tanco, expresó su adhesión a los homenajes a los caídos y enfatizó la importancia de recordar y honrar su sacrificio.
Décadas después, los acontecimientos de 1955–56 y su continuidad hasta el golpe de 1976 se consideran por muchos como factores que contribuyeron a cambios políticos y económicos profundos en Argentina. Entre las consecuencias señaladas por diversos análisis se mencionan el predominio de políticas liberales, procesos de precarización económica, dependencia externa, endeudamiento y aumentos de pobreza; estas interpretaciones forman parte del debate sobre el legado de aquel período.
