9 de junio de 2026
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Gobierno deroga 16 resoluciones y profundiza desregulación en consumo e industria

La medida se enmarca en el proceso de revisión y simplificación del marco regulatorio nacional.

9 de junio 2026 – 07:40

La Secretaría de Industria y Comercio oficializó una medida que abarca normas relacionadas con el control de precios, programas de consumo, importaciones y regulación comercial. El Gobierno indicó que el objetivo es reducir la superposición normativa y ofrecer mayor seguridad jurídica.

El Gobierno derogó 16 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo, al considerarlas carentes de vigencia o fundamento tras las reformas impulsadas por la actual gestión.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y se enmarca en el proceso de desregulación promovido por el Ejecutivo nacional.

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El Gobierno profundiza la desregulación y deroga 16 resoluciones económicas

Según la norma, las disposiciones eliminadas se dictaron bajo marcos regulatorios que fueron modificados o derogados —entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios— por lo que “han perdido su objeto y aplicabilidad”.

Entre las normas derogadas se encuentran resoluciones vinculadas al control de precios de ciertos productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, lo que genera incertidumbre sobre cuáles siguen vigentes y provoca “una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

La resolución también destaca la necesidad de mantener una revisión permanente del marco normativo para que el Estado se enfoque en normas relevantes y prioritarias y pueda ofrecer respuestas más rápidas y transparentes.

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