La autorización del Ministerio de Defensa para que el personal militar complemente sus ingresos como conductor de aplicaciones, repartidor u ocupaciones similares puede responder a una urgencia salarial, pero también pone en evidencia deficiencias en la provisión de condiciones adecuadas para cumplir la misión de defensa.
La carrera militar no es una ocupación cualquiera: implica renuncias de derechos, disponibilidad permanente, traslados obligatorios, riesgos propios del servicio y un régimen disciplinario especial; condiciones necesarias por la naturaleza de la misión constitucional que desempeñan las Fuerzas Armadas.
El Estado está obligado a garantizar condiciones de vida acordes con la responsabilidad que supone defender la soberanía. Cuando un oficial, suboficial o soldado necesita un segundo empleo para sostener a su familia, el problema es del sistema de defensa, no del militar individual.
No es razonable que una política de recursos humanos de defensa se base en la expectativa de que su personal deba recurrir al mercado informal para complementar ingresos. El personal militar debe estar disponible las 24 horas y concentrado en su capacitación, entrenamiento y misión, no en actividades secundarias que compitan con esas responsabilidades.
La compra de capacidades como los aviones de combate F-16 es una decisión relevante y, tras años de carencias, necesaria. Sin embargo, existe el riesgo de presentar esas adquisiciones como la solución completa a los problemas de defensa.
Un sistema de armas no se agota en la plataforma adquirida: requiere pilotos, técnicos, infraestructura, simuladores, armamento, logística, mantenimiento y financiamiento sostenido a largo plazo.
Se pueden incorporar aviones modernos y, al mismo tiempo, seguir perdiendo capacidades estratégicas si se descuida al personal, las instalaciones o los sistemas de apoyo. Lo mismo cabe decir de vehículos blindados como los Stryker: son valiosos, pero el equipamiento por sí solo no fortalece una fuerza.
La capacidad militar resulta de un equilibrio entre doctrina, entrenamiento, recursos humanos, sostenimiento logístico y material. La incorporación de plataformas de última generación no compensa la degradación de la carrera militar, la falta de incentivos para la permanencia del personal o la postergación de capacidades críticas.
La situación de la Armada argentina ilustra estas inconsistencias. La pérdida del ARA San Juan dejó al país sin capacidad submarina operativa, un déficit grave para una nación con gran extensión marítima, recursos naturales y presencia antártica.
Si bien se anuncian programas de reequipamiento en algunas áreas, la recuperación de la fuerza de submarinos carece de una decisión clara, consistente y sostenida en el tiempo. Es difícil hablar de control efectivo del Atlántico Sur cuando una capacidad disuasoria principal permanece ausente.
Esto adquiere mayor relevancia al considerar la realidad geopolítica de Argentina: no es un país pequeño ni sin intereses estratégicos. Tiene una vasta extensión territorial, una amplia plataforma continental, una extensa zona económica exclusiva, recursos pesqueros, energéticos y minerales, presencia permanente en la Antártida y responsabilidades sobre grandes espacios marítimos y aeroespaciales.
En el Atlántico Sur confluyen intereses geopolíticos, económicos y militares de alcance global. En ese contexto, la defensa nacional deja de ser una cuestión meramente presupuestaria para convertirse en un asunto de soberanía.
Las Fuerzas Armadas existen, fundamentalmente, para generar capacidad de disuasión: la mejor guerra es la que nunca ocurre porque un potencial adversario comprende que el costo de desafiar los intereses nacionales sería demasiado alto.
La disuasión no equivale a agresión ni a militarismo; se basa en credibilidad y en la posesión de capacidades suficientes para proteger recursos, controlar espacios soberanos y defender intereses estratégicos. Cuando esta capacidad se deteriora, se debilita tanto el instrumento militar como la posición internacional del país.
Argentina no requiere una carrera armamentista ni competir por la supremacía regional, pero necesita mantener capacidades acordes con la magnitud de los intereses que debe proteger y, en términos comparativos, equivalentes a las de sus principales vecinos.
Ningún país serio renuncia voluntariamente a su capacidad de defensa. Brasil, Chile y otras naciones de la región han sostenido procesos de modernización relativamente estables en el tiempo, reconociendo que desarrollo económico, política exterior y defensa forman parte de una misma ecuación estratégica. Argentina, en cambio, ha alternado abandono, improvisación y soluciones parciales.
La responsabilidad de este estado de cosas no puede atribuírsele exclusivamente a una administración concreta. Durante décadas, distintos enfoques políticos acumularon errores que condujeron a resultados parecidos.
Algunos responsables de Defensa adoptaron una postura de revisión permanente del pasado y confrontación con las Fuerzas Armadas; otros actuaron sin visión estratégica, limitándose a la gestión burocrática o a usar el ministerio como plataforma política; y algunos privilegiaron la imagen y los anuncios por sobre la construcción sostenible de capacidades.
Los cambios de discurso y de prioridades no impidieron la pérdida progresiva de capacidades estratégicas, mientras las Fuerzas Armadas intentaban mantener con profesionalismo lo que la planificación política no resolvía.
Otro aspecto frecuentemente postergado es la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas: el sistema de salud para el personal militar y sus familias arrastra problemas de financiamiento, cobertura y sostenibilidad que afectan la calidad de vida de quienes sirven.
La política de defensa no consiste solo en comprar aviones, blindados o radares; también implica garantizar condiciones dignas para el personal, atención sanitaria adecuada para sus familias y un horizonte profesional que permita atraer y retener talento cualificado.
Un militar que duda sobre la atención médica de sus hijos o la eficacia de su cobertura sanitaria sufre las consecuencias del deterioro del sistema de defensa al igual que quien carece del equipamiento necesario para cumplir su misión.
El problema de fondo es que Argentina discute instrumentos aislados en lugar de definir un modelo de defensa nacional a treinta años. Se debate el salario sin una política de defensa integral y se anuncian compras sin explicar su sostenibilidad presupuestaria.
Se incorporan sistemas puntuales mientras persisten vacíos estratégicos fundamentales; se habla de reequipamiento sin abordar problemas estructurales de recursos humanos, infraestructura y bienestar. Ante la pérdida del poder adquisitivo se proponen actividades complementarias, cuando lo pertinente es discutir cómo retener y motivar al capital humano militar.
Una política de defensa seria no se mide por anuncios o fotografías de adquisiciones, sino por la capacidad real de una nación para formar, sostener y proyectar un instrumento militar profesional, tecnológicamente actualizado y coherente con sus objetivos estratégicos.
Los F-16 y los Stryker son importantes, pero ningún avión, blindado o sistema de armas sustituye a una política de Estado que resuelva de manera simultánea y sostenida los problemas de personal, equipamiento, infraestructura, salud y planificación estratégica.
La defensa nacional no es un gasto prescindible: es una responsabilidad indelegable del Estado y una condición necesaria para ejercer la soberanía y una política exterior efectiva.
Mientras la dirigencia política no incorpore esa premisa, la discusión seguirá centrada en cómo hacen los militares para llegar a fin de mes, cuando la conversación debería orientarse a cómo construir las Fuerzas Armadas que Argentina necesita para proteger su territorio, custodiar el Mar Argentino, mantener presencia en la Antártida, defender recursos estratégicos y asegurar una capacidad de disuasión adecuada en el siglo XXI.
La pérdida de soberanía no se produce únicamente el día de una derrota: comienza mucho antes, cuando una sociedad decide que no vale la pena mantener las capacidades necesarias para defenderla.
