La Sala 3 de Casación Penal confirmó la elevación a juicio contra los diez policías imputados por el asesinato de Sofía Fernández, una mujer trans encontrada muerta en la Comisaría 5a de Pilar en abril de 2023.
La resolución se produjo tres años y dos meses después del hecho, en un trámite judicial marcado por sobreseimientos cuestionados, demoras en las notificaciones y disputas sobre la aplicación de agravantes.
Ignacio Fernández Camillo, abogado de la querella y representante de la familia, señaló que la investigación duró casi dos años y que la etapa intermedia se prolongó por más de un año, durante la cual el juez de Garantías Walter Saettone dictó un sobreseimiento que la querella considera arbitrario para nueve de los diez policías.
Los acusados estuvieron a punto de quedar impunes: en noviembre de 2025 la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro rechazó el sobreseimiento que Saettone había otorgado a nueve de ellos.
Imputados y cargos
Tres policías están imputados por homicidio calificado: la sargento Jésica Isabel Núñez, el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez y la subteniente Viviana Edith Ruiz. Por ese delito enfrentan la pena de prisión perpetua y tienen la posibilidad de optar por un juicio por jurados.
Los otros siete —Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, Germán Gonzalo Robles, Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino y Gustavo Gabriel Camacho— están acusados de encubrimiento agravado, un delito de carácter correccional.
La diferencia en las carátulas abre la posibilidad de que la causa se dirima en más de un juicio oral. Fernández Camillo explicó en el programa Agenda Propia (FM Estudio 2) que si alguno de los tres imputados por homicidio elige juicio por jurados, ese debate podría realizarse en forma separada, mientras que los procesos por delitos correccionales podrían tramitarse ante un tribunal correccional independiente.
En cuanto a los plazos, el abogado advirtió que algunos tribunales están fijando fechas para audiencias recién en 2028.
Los agravantes que resistieron
Uno de los ejes más controvertidos de la causa fue la persistencia de tres agravantes: la condición de miembro de una fuerza de seguridad, el agravante por odio vinculado a la identidad de género y la atribución de responsabilidad estatal conforme a las normas de Naciones Unidas sobre femicidios.
El juez Saettone intentó en varias oportunidades excluir el agravante por odio e identidad de género, pero no lo logró.
Para la querella, ese agravante no se limita al acto puntual sino que se inicia con la detención misma. Fernández Camillo afirmó que el odio hacia la identidad de género se manifestó en distintas etapas y, en relación con los hechos concretos, comenzó antes de la acción letal.
Según el abogado, ese hostigamiento comenzó con la aprehensión inicial, con el alojamiento en una comisaría de varones, con la falta de atención a las advertencias de Sofía y con la ausencia de traslado a un lugar acorde a su identidad de género.
Además, la querella denunció que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó más de diez peritos de distintas especialidades para la defensa de los policías, conducta que, según la querella, vulnera el Código Procesal Penal y la ley provincial de prevención de la violencia institucional de 2015.
