Amnistía Internacional presentó una nueva acción judicial contra el Municipio de San Isidro por la existencia de un presunto protocolo interno que, según la organización, dificultaría el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en el sistema de salud local. La denuncia sostiene que medidas adoptadas durante la gestión del intendente Ramón Lanús vulneran derechos garantizados por la Ley Nacional 27.610 y generan demoras, obstáculos administrativos y situaciones de persecución hacia personal sanitario.
La presentación se anunció en una conferencia de prensa organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, junto con Amnistía Internacional, referentes de derechos humanos, sindicatos, trabajadores de la salud, concejales y organizaciones feministas. La demanda busca que la Justicia ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y garantice el acceso efectivo al aborto legal en todos los niveles del sistema sanitario municipal.
La concejal de MDF Manuela Schuppisser afirmó que las dificultades comenzaron a detectarse con la actual gestión municipal. Relató que mujeres que acudían al Hospital Materno Infantil eran derivadas a instancias destinadas a disuadirlas de ejercer un derecho previsto por la normativa y que incluso recibían material de contenido religioso.
Amnistía Internacional indicó que las denuncias se empezaron a recibir en 2024 y se profundizaron durante 2025. Mariela Galassi, vocera de la organización, explicó que los testimonios describen demoras injustificadas, exigencias de reconfirmación del consentimiento y pasos obligatorios por áreas de Psicología y Servicio Social que no están previstos en la Ley 27.610. También informó que, pese a reiterados intentos de diálogo con las autoridades sanitarias locales, no obtuvieron respuestas.
Un punto central de la denuncia es la existencia de un protocolo interno que, según Amnistía, el propio municipio reconoció ante la Justicia. La organización sostiene que se trata de un documento sin fecha, firma, sello ni publicación oficial, distribuido entre trabajadores de la salud, que establecería un circuito especial para quienes solicitan acceder a una interrupción del embarazo.
Según Galassi, esto confirmaría la existencia de un circuito informal e irregular que obstruye y dilata el acceso al procedimiento. Describió que el protocolo concentraría las prácticas en el Hospital Materno Infantil, requeriría consultas previas por áreas específicas y exigiría nuevas ratificaciones del consentimiento, aun cuando la normativa nacional fija requisitos más simples para garantizar el acceso.
Martina Ferreto denunció además la existencia de un espacio denominado «Maternidades Vulnerables», que, según su relato, habría reemplazado al consultorio de IVE/ILE que funcionaba previamente. Afirmó que en ese ámbito se entregaría material religioso y se brindaría información considerada engañosa con el fin de persuadir a las pacientes para que continúen el embarazo.
La referente cuestionó que en un distrito con los recursos de San Isidro existan barreras para acceder a una práctica legal y recordó que el Código Penal prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a los abortos permitidos por la ley.
Entre los asistentes a la conferencia estuvieron los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Virginia Franco, la ex concejala Celia Sarmiento, el concejal Marcos Díaz y la diputada provincial Sofía Vanelli; todos acompañaron el reclamo impulsado por organizaciones feministas y de derechos humanos para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en el sistema de salud municipal.
Durante la conferencia se difundió también un comunicado firmado por profesionales de la salud del distrito que denunciaron un clima de persecución laboral y sostuvieron que, desde 2024, se modificó sustancialmente el circuito que garantizaba el acceso al aborto legal. Señalaron la eliminación del consultorio específico de IVE/ILE, la reducción de la consejería en centros de salud y el desincentivo a la prescripción de la medicación necesaria para los procedimientos, lo que, según ellos, genera un escenario hostil para pacientes y trabajadores.
La acción judicial, presentada ante el fuero Contencioso Administrativo de San Isidro, solicita además una medida cautelar para que la garantía de acceso al aborto legal se aplique de forma inmediata mientras avanza la causa. Amnistía Internacional sostiene que el actual esquema de atención configura una vía de hecho incompatible con la legislación nacional y advirtió que las barreras denunciadas pueden acarrear consecuencias graves para la salud y responsabilidades legales para el municipio.
