Amnistía Internacional presentó una nueva demanda contra el Municipio de San Isidro por la presunta existencia de un protocolo interno que dificultaría el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en el sistema de salud local. Según la organización, las prácticas implementadas durante la gestión del intendente Ramón Lanús vulneran derechos amparados por la Ley Nacional 27.610 y generan demoras, trabas administrativas y situaciones de persecución hacia profesionales sanitarios.
El anuncio de la presentación se hizo en una conferencia de prensa organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte, junto a Amnistía Internacional, referentes de derechos humanos, sindicatos, trabajadores de la salud, concejales y organizaciones feministas. La demanda solicita que la Justicia ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y garantice el acceso efectivo al aborto legal en todos los niveles del sistema de salud municipal.
La concejal de MDF Manuela Schuppisser afirmó que las dificultades comenzaron a detectarse con la actual gestión municipal. Indicó que mujeres que acudían al Hospital Materno Infantil fueron derivadas a instancias diseñadas para desalentarlas de ejercer un derecho contemplado por la ley, y que en algunos casos se entregó material de contenido religioso.
Amnistía Internacional informó que las denuncias se registraron desde 2024 y se intensificaron en 2025. Mariela Galassi, representante de la organización, explicó que los testimonios describen demoras injustificadas, exigencias de reconfirmación del consentimiento y pasos obligatorios por áreas como Psicología y Servicio Social que no están previstos en la Ley 27.610. También afirmó que, pese a repetidos intentos de diálogo con las autoridades sanitarias locales, no obtuvieron respuestas.
Uno de los ejes de la denuncia es la existencia de un protocolo interno que, según Amnistía, el propio municipio reconoció ante la Justicia. La organización sostiene que se trata de un documento sin fecha, firma, sello ni publicación oficial, distribuido entre los trabajadores de la salud, que establece un circuito especial para quienes solicitan acceder a una interrupción del embarazo.
“Esto confirma lo que sospechábamos: la existencia de un circuito informal e irregular que obstruye y dilata el acceso a la práctica”, afirmó Galassi. Detalló que el procedimiento concentra injustificadamente las prácticas en el Hospital Materno Infantil, exige consultas previas por áreas específicas y solicita nuevas ratificaciones de consentimiento, mientras que la normativa nacional establece requisitos más simples para garantizar el acceso.
Martina Ferreto denunció además la existencia de un espacio denominado «Maternidades Vulnerables», que según su testimonio habría reemplazado al consultorio de IVE/ILE que funcionaba anteriormente. En ese ámbito, dijo, se entregaría material religioso y se brindaría información que podría considerarse engañosa con el objetivo de persuadir a las pacientes para continuar con el embarazo.
La referente cuestionó que en un distrito con los recursos de San Isidro existan barreras para acceder a una práctica legal y recordó que el Código Penal sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a los abortos permitidos por la ley.
En la conferencia participaron los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Virginia Franco, la ex concejala Celia Sarmiento, el concejal Marcos Díaz y la diputada provincial Sofía Vanelli, quienes acompañaron el reclamo impulsado por organizaciones feministas y de derechos humanos para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en el sistema de salud municipal.
Durante la conferencia se difundió además un comunicado firmado por profesionales de la salud del distrito, que denunciaron un clima de persecución laboral y aseguraron que desde 2024 se modificó por completo el circuito que garantizaba el acceso al aborto legal. Según el texto, se eliminó el consultorio específico de IVE/ILE, se redujo la consejería en los centros de salud y se desalentó la prescripción de la medicación necesaria, lo que origina un escenario hostil para pacientes y trabajadores sanitarios.
La acción presentada ante el fuero Contencioso Administrativo de San Isidro solicita además una medida cautelar para que la garantía de acceso al aborto legal se aplique de inmediato mientras avanza la causa judicial. Amnistía Internacional afirmó que el esquema de atención vigente constituye una «vía de hecho» incompatible con la legislación nacional y advirtió que las barreras denunciadas pueden acarrear graves consecuencias para la salud y responsabilidades legales para el municipio.
