El caso de Manuel Adorni, que sigue presente en la agenda pese a sus intentos por despejarlo, obligará al oficialismo a enfrentar este jueves una nueva prueba en el Congreso orientada a ganar tiempo. Tras haber dilatado el tratamiento en Diputados, ahora la pulseada se traslada al Senado. El escenario no es idéntico: el Gobierno explotó al máximo las negociaciones con sus aliados, pero en la Cámara alta las tensiones internas y su efecto sobre esos socios —molestos por el manejo errático de la presencia del jefe de Gabinete, cuyo informe de gestión viene postergándose desde mayo— tendrán mayor peso.
El Ejecutivo busca un respiro legislativo con dos objetivos después de un período de estancamiento: desplazar el foco sobre Adorni y avanzar algunas iniciativas propias. El martes consiguió frenar una sesión impulsada por la oposición dura en Diputados mediante acuerdos con aliados que, la próxima semana, podrían intentar obtener dictámenes en comisiones para atenuar críticas y sostener su posición. Al día siguiente, se llevaron a votación proyectos demorados del oficialismo, como el pago a bonistas y el denominado súper RIGI.
El oficialismo celebró ese alivio momentáneo, resultado de negociaciones que se extendieron más allá de los despachos del Congreso. Diego Santilli hubo de intervenir activamente, con apoyo del equipo económico, para dialogar con gobernadores. El operativo para proteger al jefe de Gabinete y articular apoyos incluyó, de forma pública y reservada, a referentes de la UCR, del PRO, del peronismo dialoguista y a gobernadores provinciales.
En Diputados, la salida para el caso Adorni fue convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo usó esa citación para justificar la falta de quórum el martes y así marcar distancia frente a la jugada opositora, que calificó como un espectáculo del kirchnerismo. Esa fue también, en menor medida, la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.
La incógnita está en lo que ocurrirá el próximo martes, día en que fue programada la reunión de la comisión. Para los más críticos, será una formalidad destinada a prolongar al máximo el tratamiento en el recinto. El mismo martes, antes de votar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso que la comisión dictamine sobre la interpelación, para que no fuera solo una dilación. Ese planteo reunió respaldo de legisladores del PRO, del MID, de bloques provinciales y de peronistas alineados con algunos gobernadores; se impuso, aunque no logró la mayoría especial requerida.
Desde la oposición más dura señalan que además debería haberse convocado a la comisión de Peticiones y Poderes, y ven el apoyo a la iniciativa del legislador de la Coalición Cívica como una maniobra para intentar “salvar” la imagen después de haber colaborado, con LLA, en dejar sin quórum el recinto la víspera. Esa decisión había expuesto al PRO y a la UCR en términos de imagen pública, tras declaraciones críticas que exigían al Gobierno que resolviera la situación del jefe de Gabinete. De manera informal, algunos esperaban que Olivos interviniera para aliviar la tensión en el Congreso; Javier Milei no respondió de esa manera.
El foco se trasladó al Senado, cuya agenda preveía tratar el pedido de interpelación este jueves sin paso previo por comisiones y, para la semana siguiente, el informe de Adorni. La interna libertaria ya operaba en ese tablero y volvió a sumar tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, visibilizadas otra vez por declaraciones del jefe de ministros, además de desconfianzas con Victoria Villarruel y recelos por tratos con el peronismo.
Al principio parecía que todo se reduciría a un intercambio de señales propio del microclima político. Adorni, con apoyo presencial de Karina Milei, recibió sucesivamente a la mayoría de los senadores de LLA para intentar exhibir respaldo interno. Bullrich, en cambio, evitó reunirse con él. No estaba previsto el cruce por la fecha del informe de gestión fijada para el 2 de julio.
En pocos días, la jefa del bloque libertario modificó notablemente su postura para frenar el tratamiento de la interpelación. Inicialmente primaba el criterio promovido por el peronismo de aprobar la interpelación en el recinto por mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros de la Cámara), pero Bullrich y sus aliados impusieron que, si la iniciativa no contaba con dictamen, requiriera el respaldo de dos tercios. Esa condición quedó registrada en el Acta de Labor Parlamentaria del último martes.
Ese acuerdo implica que al oficialismo le bastaría con reunir un tercio de los votos para bloquear el tratamiento en el recinto y forzar el inicio del trámite en comisiones. Fuentes del Senado calculan que LLA difícilmente no alcance ese piso, pese al malestar que atraviesa a algunos socios y bloques que por lo general acompañan las iniciativas del Gobierno.
En medio de ese telón de fondo, emerge la interrogante sobre la posición del PRO —un bloque de escaso peso numérico en la Cámara alta— que decidió impulsar la interpelación en el recinto. ¿Se trata de una decisión aislada o refleja un descontento más amplio con las formas de conducción del oficialismo? Esa incertidumbre se alimenta por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce público entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.
Como parte de una estrategia para restarle visibilidad al funcionario y reafirmar control del terreno, la jefa del bloque de LLA optó casi simultáneamente por reducir la exposición de Adorni en el Senado. La fecha del 2 de julio había sido fijada por el propio jefe de Gabinete, pese a los reclamos de la oposición y al descontento interno por la demora en cumplir el mandato constitucional: el informe correspondía haber sido presentado en mayo.
Aun cuando parecía cerrado ese capítulo, Adorni publicó en Twitter que mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. Queda, sin embargo, la duda sobre qué ocurriría si alguien plantea el tema al inicio de la sesión de este jueves, por ejemplo a través de una moción. Esa incógnita añade tensión a la jornada, mientras el debate sobre proyectos como la inviolabilidad de la propiedad privada queda en segundo plano frente a la agenda política inmediata.
