Representantes de la ex AFIP (hoy ARCA) declararon que, durante fiscalizaciones, encontraron que empresas vinculadas al caso Cuadernos utilizaron facturas apócrifas emitidas por proveedores que carecían de capacidad operativa para prestar los servicios facturados.
El juicio, en el que la principal acusada es la ex presidenta Cristina Kirchner, avanza ahora sobre las irregularidades detectadas por ARCA en controles a firmas cuyos ex titulares están procesados por supuestos pagos de sobornos.
La primera en declarar fue Verónica Iglesias, contadora de la ex AFIP, quien relató una fiscalización a Isolux Corsán y señaló el uso de facturas apócrifas por parte de proveedores sin capacidad real para prestar los servicios. En ese tramo está acusado el ex CEO Juan Carlos de Goycoechea.
El Tribunal resolverá un planteo sobre preguntas relacionadas con IECSA
El Tribunal Oral Federal 7 suspendió brevemente la audiencia para decidir sobre una objeción de la defensa de Angelo Calcaterra, que cuestionó preguntas dirigidas a la testigo María Marta Criscuolo vinculadas a Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), materia que se investigaría en otra causa por el soterramiento del tren Sarmiento.
Tras un corto cuarto intermedio, continúa la audiencia con la tercera testigo del día
La tercera en declarar fue María Marta Criscuolo, contadora y empleada de ARCA que realizó varias fiscalizaciones solicitadas por el Juzgado Federal 11 cuando lo dirigía el fallecido juez Claudio Bonadio, en la segunda mitad de 2018. Entre las empresas fiscalizadas mencionó a SACDE (ex IECSA), en el marco de una UTE vinculada al soterramiento del tren Sarmiento.
Durante la audiencia se produjo un cruce entre la fiscalía y la defensa de Calcaterra cuando se preguntó sobre las DJAI, que forman parte de otra investigación donde también hay imputados, y la defensa objetó la pertinencia de esas consultas.
Los defensores, Ricardo Rosental y Valeria Onetto, sostuvieron que sus clientes están imputados en otra causa sin decisión de mérito, que se trata de otra UTE y que no existe vinculación directa con el expediente Cuadernos.
La fiscalía respondió que las preguntas apuntaban a aspectos distintos a los investigados en la causa del soterramiento y que el examen se centraba en un objeto de investigación diferente.
Finalizó la declaración del segundo testigo y se decretó un breve cuarto intermedio
El contador Carlos Stafforini concluyó su declaración y el tribunal suspendió momentáneamente la audiencia.
Antes del receso, el defensor del empresario y ex titular de la UIA, Marcelo Mónaco, interrogó sobre cómo y cuándo una empresa puede saber con certeza si un proveedor figura en una base de datos por emitir facturas apócrifas o por ser poco confiable.
El testigo respondió que detectar esas situaciones es complejo y explicó que los proveedores son incorporados a las bases de datos de apócrifos una vez concluidos los procesos de fiscalización, no durante su desarrollo.
“Fainser pagó a empresas que emitían facturas apócrifas”
Stafforini declaró que, como resultado de una fiscalización, se determinó que la empresa Fainser realizó pagos a empresas consideradas apócrifas, que emitían facturas sin respaldo real de prestación de servicios.
Terminó la declaración de Iglesias y comienza la de Carlos Stafforini
Iglesias finalizó cerca de una hora de testimonio respondiendo preguntas de la defensa y la fiscalía. Dijo no tener información sobre la participación de Isolux Corsán en parques eólicos fuera de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Río Turbio, que fue el objeto de su fiscalización.
El contador Carlos Stafforini, de ARCA, declaró en relación a la fiscalización de Fainser y proveedores que habrían emitido facturas apócrifas. En el juicio se juzga al ex titular de esa empresa, Juan Carlos Lascurain, quien esta semana accedió a arresto domiciliario y tiene otra condena en una causa por Rio Turbio.
Un proveedor facturó 80 millones sin capacidad para prestar el servicio
Ante la fiscalía, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una razón para recurrir a facturas apócrifas es aumentar el crédito fiscal. Durante las inspecciones detectaron proveedores que emitían montos millonarios sin contar con capacidad económica u operativa para los servicios declarados.
Como ejemplo mencionó a Antonio Blua, quien, según la investigación, empezó a facturar presuntos servicios de seguridad a una UTE y en poco tiempo emitió facturas por unos 80 millones de pesos; sin embargo, los empleados encuestados no lo reconocían como proveedor real.
La ex funcionaria subrayó que para la AFIP es clave verificar si un proveedor tiene la capacidad de prestar lo facturado; si no es así, se impugnan los créditos fiscales vinculados a facturas cuya veracidad está en duda. Se realizaron seguimientos por muestreo de fondos que mostraron retiros de caja del banco sin un destino claro.
Al concluir que el proveedor era apócrifo, la testigo afirmó que esos fondos carecían de un destino cierto y que debía probarse que la persona efectivamente prestó el servicio, lo cual no se comprobó en este caso.
También señaló que no se observó un incremento patrimonial acorde a los cobros atribuibles al contrato, circunstancia que reforzó las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones declaradas.
Tras esa determinación administrativa, la AFIP presentó una denuncia penal para profundizar la investigación.
La testigo describió hallazgos sobre proveedores y facturas apócrifas
Iglesias relató que, en la fiscalización a Isolux y la UTE vinculada a la usina termoeléctrica de Río Turbio, se identificaron proveedores catalogados como apócrifos desde 2014.
Dijo que la empresa era un contribuyente de gran porte y que por eso el control debía ser exhaustivo; como parte del proceso, la empresa dejó de responder requerimientos, lo que derivó en un allanamiento.
Durante el interrogatorio formulado por la defensa de Roberto Baratta, la testigo confirmó que recibió distintos oficios judiciales solicitando información y que se llegó a pedir profundizar la investigación para evaluar la extensión de los controles a otros contribuyentes vinculados a la UTE.
Se reanudó el juicio con la declaración de Verónica Iglesias
En una nueva audiencia por presunta asociación ilícita y pago de sobornos durante el kirchnerismo, comenzó a declarar la contadora de la ex AFIP (hoy ARCA), Verónica Iglesias.
Iglesias respondió preguntas de la fiscal Fabiana León sobre su trabajo en 2016 como supervisora de fiscalización y su cargo como jefa de división en 2017, y comenzó a referirse a la fiscalización al grupo Isolux Corsán por el uso de facturas apócrifas, una de las empresas involucradas en la acusación.
