La Cámara de Diputados aprobó con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones la denominada «Súper RIGI», un régimen exclusivo para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares que concede durante 30 años beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Durante la votación, la diputada Roxana Monzón (UxP) criticó que la norma otorgue estabilidad a grandes capitales mientras generaría incertidumbre para muchos ciudadanos respecto a gastos básicos como alquileres, la apertura de comercios o la adquisición de alimentos. También señaló la situación de jubilados que podrían tener dificultades para costear medicamentos. Según Monzón, la ley no busca promover el desarrollo nacional ni fortalecer a las PyMEs, sino que sería un régimen excepcional destinado a un reducido grupo de grandes corporaciones que recibirían privilegios no extendidos a comerciantes, industrias nacionales ni trabajadores.
Según la oposición, desde el inicio del gobierno de Javier Milei se registraron 26.500 cierres de empresas, de las cuales el 98% serían pymes; en ese marco, indicaron, se decidió garantizar por 30 años estabilidad tributaria, beneficios impositivos y ventajas cambiarias para quienes, en su opinión, menos necesitan la protección del Estado. Los críticos sostienen que el proyecto representa la continuidad de ajustes sobre salarios, jubilaciones, universidades, ciencia, salud y producción nacional, y que transmite un mensaje político de ajuste para la población y privilegios para las grandes corporaciones.
Durante el debate, Monzón planteó interrogantes sobre el costo de esas inversiones: cuánto implicaría renunciar a regalías, a proveedores locales y nacionales, o a que jueces argentinos resuelvan conflictos en territorio argentino, y afirmó que un capital serio no necesitaría impunidad. Diputados de Unión por la Patria alertaron sobre las consecuencias concretas de la ley y declararon que seguirán defendiendo la soberanía económica, el trabajo nacional y el futuro del pueblo argentino.
