El canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de 34 medidas destinadas a reactivar la mayor economía de Europa; el plan incluye rebajas fiscales, reformas del sistema de pensiones y un endurecimiento de las normas sobre bajas por enfermedad.
La coalición gobernante —conservadores y socialdemócratas— acordó tras siete horas de negociaciones aliviar la carga impositiva de las clases bajas y medias. Para financiar parte de esas reducciónes, se elevará el tipo impositivo máximo del 45% al 47% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 280.000 euros, y el paquete prevé una desgravación fiscal total de alrededor de 10.000 millones de euros al año.
Según los líderes del acuerdo, una vez completamente aplicada en 2028, la reforma supondrá un ahorro aproximado de 600 euros anuales para una familia formada por dos progenitores trabajadores y dos hijos con una renta imponible conjunta de 60.000 euros.
“Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos”, declaró Merz ante la prensa en el jardín de la Cancillería en Berlín, y añadió que el objetivo es “volver a encarrilar a Alemania”.
El paquete incluye además el retraso gradual de la edad de jubilación —ahora situada entre los 65 y 67 años— en consonancia con la evolución de la esperanza de vida. La medida responde a las recomendaciones de un panel de expertos nombrado por el gobierno el mes pasado y pretende evitar una disminución de las prestaciones y contener el aumento de las cotizaciones laborales.
En el ámbito laboral, las nuevas normas suprimirán la posibilidad de justificar la baja por enfermedad por teléfono y exigirán un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. Hasta ahora, los trabajadores podían ausentarse hasta tres días sin acudir al médico o conseguir un justificante semanal mediante una llamada; el Gobierno argumenta que el alto absentismo afecta a la productividad.
La iniciativa también busca simplificar trámites burocráticos, ajustar los estándares de protección de datos al mínimo exigido por la UE, agilizar la tramitación de la declaración de la renta y reducir la plantilla de los ministerios federales en un 8% mediante procesos de digitalización.
Tras dos años consecutivos de contracción, la economía alemana recuperó un crecimiento modesto en 2025. Para este año, el Gobierno prevé una expansión de alrededor del 0,5%, condicionada por los efectos de la guerra en Irán y por problemas estructurales como los altos costes de producción, la escasa inversión privada y el envejecimiento de la población.
Entre los factores que influyen en la situación económica se señalan el avance de empresas chinas, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y los aranceles impuestos por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Merz lleva más de un año en el cargo con la promesa de impulsar reformas, pero la coalición ha sufrido desgaste por la percepción de que se han priorizado las disputas internas sobre los resultados.
Las organizaciones empresariales aplaudieron las medidas, mientras que los sindicatos IG Metall y Verdi, los más grandes del país, denunciaron recortes en los derechos laborales y acusaron a las autoridades de promover una “cultura de desconfianza” hacia los empleados.
Alice Weidel, copresidenta del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), calificó las medidas en X como “concesiones mínimas que no merecen llamarse reformas”. Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW, afirmó al diario Rheinische Post que “no se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico”.
(Con información de AP, AFP y Reuters)
