El debate sobre el financiamiento de la seguridad tuvo un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires: el senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto para que la Provincia asuma todos los gastos vinculados al funcionamiento de los móviles de la Policía Bonaerense y deje de trasladar esos costos a los municipios.
La iniciativa, impulsada por el vicepresidente primero del Senado, busca que la administración de Axel Kicillof se haga cargo de forma integral del mantenimiento de los patrulleros, abarcando reparaciones, compra de repuestos, neumáticos, seguros y combustible.
El proyecto también comprende a los vehículos que las comunas adquirieron con recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad: una vez incorporados al sistema de seguridad provincial, su sostenimiento económico debería quedar bajo responsabilidad exclusiva de la Provincia.
Además, prevé que si los recursos asignados resultaran insuficientes para garantizar la operatividad de los móviles, el Ejecutivo bonaerense deberá cubrir la diferencia sin exigir aportes adicionales a los municipios.
En la misma línea, el texto prohíbe que futuros convenios de adhesión a programas provinciales de seguridad impongan a las comunas la obligación de financiar con fondos propios el mantenimiento o funcionamiento de equipamiento destinado a la Policía Bonaerense.
Ishii fundamenta la propuesta en que la seguridad pública es una competencia provincial y, por ende, también debe serlo el financiamiento de los recursos necesarios para prestarla.
El senador señaló que en los últimos años numerosos municipios tuvieron que destinar partidas propias para afrontar gastos de vehículos pertenecientes a una fuerza que depende de la Provincia, lo que, según él, desdibuja el reparto de responsabilidades entre ambos niveles del Estado.
La iniciativa se suma a otras presentadas por el dirigente de José C. Paz, como los pedidos para declarar la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria en territorio bonaerense, y forma parte de una creciente presión legislativa sobre distintos aspectos de la gestión provincial.
Para Ishii, la discusión va más allá del mantenimiento de los patrulleros y plantea el debate sobre la autonomía financiera de los municipios y el principio de correspondencia fiscal: quien tiene la responsabilidad de prestar un servicio público también debe contar con los recursos para financiarlo.
