Representantes de cámaras empresariales, gremios y funcionarios coincidieron en que la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica son requisitos esenciales para fomentar las inversiones en infraestructura que necesita el país.
En un encuentro en La Rural, referentes de distintos sectores productivos analizaron los principales desafíos para ampliar la infraestructura en Argentina y señalaron que el crecimiento requiere reglas claras y previsibilidad para los inversores.
En materia de desarrollo regional, el presidente del Consejo Regional del Norte Grande (COREBE), Edgardo Castellanos, presentó un plan hídrico para el NOA que incluye la construcción de la obra San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y un proyecto para gestionar los excedentes de los ríos Bermejo y Bermejito, orientado a mejorar el abastecimiento y reducir riesgos de inundación.
Por su parte, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), advirtió sobre la necesidad de invertir con anticipación en transporte y energía para evitar cuellos de botella que restrinjan el crecimiento de la actividad minera.
En la misma línea, Alberto Calsiano, representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que, pese al desarrollo de Vaca Muerta, el sistema de transmisión eléctrica de extra alta tensión está casi al límite de su capacidad y exige obras urgentes para sostener el crecimiento productivo.
En el bloque dedicado al financiamiento, Francisco Gismondi, de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), sostuvo que la estabilidad macroeconómica es indispensable para garantizar contratos a largo plazo. Además, destacó el aumento del crédito interno en los últimos dos años como herramienta clave para impulsar proyectos de vivienda y grandes obras de infraestructura.
Finalmente, el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, expuso el plan gubernamental para modernizar el sector, basado en tres ejes: concesionar 9.154 kilómetros de rutas nacionales por 20 años bajo un esquema totalmente privado y sin subsidios; privatizar por 50 años las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza para reducir costos logísticos; y continuar las obras hídricas en el río Salado destinadas a prevenir inundaciones en 59 municipios.
