El movimiento huti de Yemen condeno a muerte a 17 personas por cargos de espionaje a favor de potencias extranjeras y dicto penas de diez anos de prision a otras dos. El fallo fue anunciado por el Tribunal Penal Especializado de Sana, controlado por los insurgentes, a traves de la agencia Saba. Uno de los acusados fue absuelto.
La sentencia describe una red que, segun los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, habria operado entre 2024 y 2025 con el apoyo de servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal senala el uso de dispositivos de comunicacion cifrada y la instalacion de camaras ocultas conectadas a sistemas de transmision en directo.
El fallo sostiene que los implicados facilitaron informacion sobre la ubicacion de dirigentes huties, sus desplazamientos y la situacion de posiciones militares sensibles, asi como datos sobre misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento. Segun el tribunal, estas actuaciones se habrian realizado a cambio de pagos en efectivo.
Ansar Allah, nombre oficial del movimiento huti, controla Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. Durante este periodo, su aparato de seguridad ha denunciado con frecuencia la existencia de supuestas redes de espionaje vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Riad. Reuters informo en junio de 2024 que tribunales huties impusieron 44 condenas a muerte en otro caso de espionaje relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo dominio huti suele recibir criticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion. En un comunicado de 2019, pidio la revision de varias sentencias de muerte dictadas por tribunales huties y advirtio sobre “violaciones graves del debido proceso”.
El movimiento acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de servir de cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025, la ONU califico de “infundadas” las acusaciones huties que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos mencionados en la causa no hicieron comentarios inmediatos sobre la decision judicial. Washington, Londres y Riad suelen evitar declaraciones publicas sobre procesos dentro de territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel ha mantenido silencio sobre sus operaciones en Yemen, pese a las tensiones de los ultimos meses.
El contexto militar aumenta la presion. Desde 2023, los huties intensificaron ataques con drones y misiles en apoyo a la causa palestina y se enfrentan regularmente a bombardeos de la coalicion saudi y a ataques atribuidos a Israel. Ese escenario multiplica las acusaciones de espionaje y refuerza las medidas de seguridad interna.
El uso de ejecuciones publicas forma parte, segun varios informes, de la estrategia de control social de los huties. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistia Internacional han documentado un aumento de sentencias capitales en las areas bajo su control desde el inicio del conflicto y han puesto en duda las garantias procesales, advirtiendo sobre el uso politico de las condenas.
La guerra civil en Yemen sigue fragmentando el pais entre multiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Sana reflejan el alcance del aparato de seguridad huti y su voluntad de proyectar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
