El Partido Popular de las Cucarachas, el movimiento estudiantil que logró la dimisión del ministro de Educación tras semanas de protestas, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos y la retirada de los cargos. Al mismo tiempo, activistas presentaron ante la justicia una demanda para declarar inconstitucional el uso de vigilancia con inteligencia artificial contra los manifestantes.
“Exigimos que todas las personas detenidas sean liberadas de inmediato, en cualquier caso antes de mañana, y que se retiren todos los cargos”, afirmó en X el portavoz Saurav Das. Añadió que la decisión de suspender las protestas se basó únicamente en las promesas hechas por el gobierno.
La movilización, considerada la mayor protesta juvenil en décadas en India, se originó tras irregularidades masivas en el examen nacional de acceso a medicina, al que se presentaron más de dos millones de aspirantes. Medios locales atribuyen a la anulación de la prueba la muerte por suicidio de una veintena de estudiantes.
Tras semanas de manifestaciones y una fuerte represión policial en Nueva Delhi, los protestantes consiguieron el sábado la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, su principal demanda, y suspendieron el movimiento. El resultado fue visto ampliamente como un revés político para el primer ministro Narendra Modi.
Presionado por los acontecimientos, Modi anunció una reforma profunda del sistema de exámenes para hacerlo más “fiable” y “transparente”. El Consejo de Ministros aprobó además un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra el fraude en las pruebas. A las demandas de reforma educativa, los jóvenes sumaron reclamos por el desempleo y críticas a lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno.
La activista Aishe Ghosh presentó ante el Tribunal Superior de Delhi una demanda para declarar inconstitucional la vigilancia masiva de manifestantes y ordenar la destrucción de los datos personales recopilados durante las concentraciones, según informó Reuters. También pidió pautas sobre el uso de tecnologías de vigilancia; el caso permanece abierto pese a la suspensión de las protestas.
La controversia se intensificó cuando manifestantes difundieron imágenes de una furgoneta policial con cámaras instaladas en un mástil telescópico que ofrecían visión de 360 grados. El vehículo, identificado con el escudo de la Policía de Delhi y la marca “Ikshana” —palabra hindi que significa “visión”—, habría incluido cámaras con inteligencia artificial avanzada, según una publicación de 2023 de su proveedora, la empresa de videovigilancia CP Plus, que fue retirada del sitio web el fin de semana.
Un periodista de Reuters que pasó frente a la furgoneta vio en una pantalla su rostro encuadrado en un recuadro verde junto a una métrica de coincidencia facial; poco después, un agente cerró la ventanilla. “Los equipos aquí nos ayudan a identificar a quienes tienen antecedentes penales y los resalta”, dijo a Reuters el agente Raj Kumar Dahiya. “La IA también nos ayuda a contar el número de manifestantes”.
India no tiene una ley que regule el uso del reconocimiento facial por parte de la policía, y activistas sostienen que la vigilancia en Nueva Delhi constituyó una violación legal. El gobierno sostiene que los controles fueron legales y necesarios para garantizar el orden público.
Durante una audiencia, el Procurador General Adjunto Tushar Mehta calificó de “irónicas” las alegaciones de invasión de la privacidad en un encuentro público y defendió que los controles eran “absolutamente necesarios” y respondían a “un interés legítimo del Estado”. En una breve sesión celebrada este lunes, los jueces escucharon los argumentos de Ghosh sobre la desproporcionalidad de la vigilancia; el tribunal reanudará el trámite el martes.
La Internet Freedom Foundation, organización de defensa digital con sede en Nueva Delhi, pidió el 24 de julio al comisionado de la Policía de Delhi la eliminación de los datos biométricos recogidos durante la protesta. La Policía de Delhi no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters, aunque publicó en X que no había “restringido la libertad de nadie mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial”.
También hubo informes de agentes que anotaron los nombres de usuario de Instagram de algunos manifestantes al llegar. El inspector Sunil Kumar dijo a Reuters que los controles tenían por objeto evitar que personas con antecedentes penales accedieran a la concentración.
Akash Karmakar, socio especializado en derecho tecnológico del despacho Panag & Babu, pidió proporcionalidad en el uso de estas herramientas y subrayó que la rendición de cuentas debe aplicarse en ambos sentidos: si el reconocimiento facial se emplea para rastrear manifestantes, debería utilizarse también para identificar a agentes que actuaron sin placa identificativa.
(Con información de Reuters y AFP)
