La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este lunes, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un marcado deterioro institucional en el país, caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y el uso extendido de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, indicó que el informe pone al “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” en el centro del análisis y advierte que Guatemala enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
Pochak atribuyó estas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por redes de poder político y económico organizadas para preservar intereses privados y garantizar condiciones de impunidad.
El documento señala un “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo deja de cumplir su función de tutela judicial efectiva, sino que además se emplea para criminalizar a quienes reivindican derechos o exigen rendición de cuentas, explicó la relatora.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Según el informe, la estrategia de criminalización comenzó dirigida a operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero luego se amplió a un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. La CIDH concluye que la criminalización se ha convertido en una práctica generalizada.
La relatora subrayó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, y señaló el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre otros hallazgos, el informe identifica connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y la obstrucción de los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe también aborda los persistentes desafíos de pobreza y desigualdad, destacando las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos territoriales, lo que ha derivado en desalojos forzosos y en la criminalización de esas comunidades.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la CIDH presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las que figuran impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y realizar una revisión profunda del funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, enfatizó Pochak.
El informe se elaboró mediante una metodología estricta que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
