Un enfrentamiento interno entre una coalición criminal dominante y un grupo disidente dejó al menos 49 personas muertas en Puerto Príncipe, Haití, según informaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas figuran por lo menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que continúan los episodios de violencia y el acceso a la zona sigue siendo restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los muertos estuvo Dèdè, uno de los líderes pandilleros más conocidos de Bel-Air, quien fue decapitado durante los enfrentamientos. También resultó herido Kempes Sanon, exagente de policía y jefe criminal, y tras el incidente fue separado de la dirigencia y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. El bloque Krache Dife, aún aliado de Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, señalada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, bandas armadas controlan alrededor del 90% de los distritos de la capital haitiana.
La escalada se produjo después de que en septiembre de 2023 varias pandillas pactaran una tregua bajo el paraguas de Viv Ansanm, acuerdo que redujo temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna dio lugar a una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en los barrios marginales, quedó atrapada en un contexto de violencia constante. Cientos de personas se han desplazado en busca de refugio y muchas carecen de acceso a alimentos y bienes básicos.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para tareas de vigilancia, mensajería o misiones de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Los que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, pérdida de acceso a la educación y a la atención médica, y en muchos casos no tienen agua potable ni alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, sufre hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos califican la situación en Haití como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el tráfico ilícito de armas agravaron la inestabilidad institucional.
La violencia y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas a estaciones de policía, hospitales e infraestructura esencial.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, sufre de forma desproporcionada: enfrentan más obstáculos para escapar, menos probabilidades de recibir atención especializada y mayores pérdidas familiares, junto con la interrupción de su educación y un entorno permanente de temor.
En medio de la preparación para el proceso electoral de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales demandan una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades más inmediatas de la población.
(Con información de AP)
