Durante allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores secuestraron un contrato que vincularía a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni. Ese acuerdo, según la pesquisa, le habría otorgado a la firma la exclusividad para gestionar cobros y pagos en el exterior a cambio de una comisión del 30%, y quedó incorporado como prueba central en una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.
El hallazgo se produjo en el marco de procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal No 2, dirigida por Cecilia Incardona, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede de la AFA en Viamonte 1366, los operativos incluyeron el predio de entrenamiento en Ezeiza y el domicilio particular de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.
Según fuentes judiciales, el documento secuestrado designa a TourProdEnter LLC como agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del país. La documentación será analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado, en un contexto marcado por el monto de los fondos involucrados y las restricciones cambiarias vigentes durante el período investigado.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida, solicitada por la fiscalía y PROCELAC, habilita el acceso judicial a información financiera en la Argentina y en el exterior, incluyendo registros bancarios en Estados Unidos.
La causa forma parte de una investigación más amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación de la investigación, el expediente ahora incluye a Faroni, a su esposa y a otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de sociedades investigadas pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que podría indicar el uso de prestanombres.
La hipótesis fiscal plantea que Sur Finanzas y empresas de su grupo concentraron funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de distintos clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad. En ese esquema, la AFA habría intervenido como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro —principalmente por derechos de televisación— que permitirían que fondos institucionales fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera bajo investigación.
Una de las líneas más sensibles del expediente apunta al presunto desvío de fondos al exterior. El dictamen incorporó información sobre transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades constituidas en Florida. Los investigadores buscan reconstruir la ruta del dinero y determinar los beneficiarios finales de esas operaciones.
En ese marco, el juez Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos, con el objetivo de profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma vinculada a Faroni.
La investigación registró otro episodio relevante cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar abordar un vuelo a Uruguay; pese a haber regresado ese día a la Argentina, tenía una restricción de salida dispuesta por el juez, por lo que se le impidió salir del país. Tras los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter LLC y afirmó que el acuerdo había sido revisado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. La Justicia continúa analizando el contrato secuestrado y el circuito financiero asociado, en una causa con posibles derivaciones internacionales.
