La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI) alertó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre indicios sólidos de que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar enfrentado al Ejército sudanés, cometieron asesinatos masivos y trataron de ocultar crímenes en fosas comunes durante su ofensiva en Darfur. La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Nazhat Shameem Khan informó que la oficina del fiscal ha reunido pruebas audiovisuales y satelitales que documentan ejecuciones de civiles, saqueos sistemáticos y violencia sexual, con especial incidencia durante la toma en octubre del último bastión del Ejército en Darfur. Según la Fiscalía, el material incluye audios, videos e imágenes de satélite que evidencian estos abusos.
La fiscal adjunta explicó que las imágenes analizadas por la CPI muestran a combatientes de las FAR deteniendo, maltratando y ejecutando civiles en El Fasher, una de las principales ciudades de la región, y luego celebrando los asesinatos y profanando los cuerpos. Señaló que estos patrones son similares a los documentados en 2023.
En 2023, durante la caída de El Geneina, capital de Darfur Occidental, expertos de la ONU estimaron que entre 10.000 y 15.000 personas murieron a manos de las FAR en ataques dirigidos contra comunidades civiles. Khan afirmó que los hechos recientes aumentan la preocupación de la Fiscalía por la repetición de atrocidades a gran escala y por la aparente impunidad de los responsables.
El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023, tras el colapso del proceso de transición iniciado después del derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. La guerra enfrenta al Ejército regular con las Fuerzas de Apoyo Rápido, antiguos aliados que se enfrentaron por el control del poder y por la integración de los paramilitares en las fuerzas armadas. Desde entonces, el país permanece atrapado en una espiral de violencia que ha atraído la intervención indirecta de actores regionales.
Según estimaciones de la ONU, el conflicto ha provocado decenas de miles de muertos y ha desplazado a más de 11 millones de personas como desplazados internos y refugiados, situando a Sudán entre las crisis humanitarias más graves del mundo. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han acusado a ambos bandos de abusos contra civiles, aunque las FAR concentran gran parte de las denuncias por ataques sistemáticos en Darfur.
La dimensión humanitaria agrava aún más el panorama descrito por la CPI. Se estima que alrededor de 4,2 millones de niños y mujeres sufrirán malnutrición aguda en 2026, un aumento del 12,4% respecto a 2025. En total, 8,4 millones de personas necesitarán asistencia nutricional en un país donde los desplazamientos forzados y la destrucción de infraestructuras han colapsado los servicios básicos.
Un informe citado por agencias humanitarias advierte que casi la mitad de los niños menores de cinco años padecen anemia por deficiencia de hierro y que en amplias zonas la desnutrición aguda supera los umbrales de emergencia. La ampliación del conflicto, el deterioro de la seguridad alimentaria y la fragilidad de los sistemas de salud y saneamiento amenazan con agravar aún más la crisis.
La advertencia de la CPI vuelve a situar a Sudán en el foco internacional, en un momento en que la combinación de violencia masiva y colapso humanitario cuestiona la capacidad de la comunidad internacional para detener las atrocidades y asegurar la rendición de cuentas. En Darfur, mientras se acumulan pruebas de crímenes graves, el panorama inmediato sigue marcado por la guerra y el deterioro acelerado de las condiciones de vida de millones de civiles.
