La primera semana de marzo será relevante para la gobernanza del Pacífico Sur. Del 2 al 6 de marzo de 2026, en Ciudad de Panamá, se celebrará la décima cuarta reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), donde se tomarán decisiones que inciden en la gestión de recursos como el jurel y el calamar gigante.
En esa reunión se establecen reglas, prioridades y enfoques que afectan la sostenibilidad de las pesquerías y la posición de los Estados ribereños frente a la actividad en alta mar. Por ello, el Perú debe acudir con una delegación bien preparada, propuestas claras y una postura firme orientada a proteger sus intereses marítimos y a promover un aprovechamiento responsable de sus recursos hidrobiológicos.
En las últimas décadas, el manejo peruano de los recursos marinos se ha guiado por el principio precautorio. La normativa nacional fija cuotas de captura y determina tallas mínimas antes del inicio de cada temporada, complementadas con tamaños de malla, vedas y controles que en varios casos resultan más exigentes que los aplicados en otros países de la región.
No obstante, la OROP-PS sigue tratando al jurel como una única unidad biológica homogénea, cuando la realidad oceánica es más compleja. Existen diferencias claras en el comportamiento del jurel entre distintas áreas del Pacífico Sur —entre el norte y el sur— y no reconocer esa variabilidad beneficia a quienes concentran mayores historiales de captura y limita a países que aplican manejos más adaptados a su realidad, como el Perú.
Desde el ámbito científico se han planteado observaciones técnicas relevantes. Un análisis actualizado del profesor Eleuterio Yáñez Rodríguez y colaboradores, que evalúa la pesquería de jurel en el Pacífico Suroriental entre 1973 y 2025, señala que la estimación de abundancia basada en el índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) podría ser optimista. La concentración costera del recurso y las correcciones aplicadas a los índices reducen la estimación del rendimiento máximo sostenible, lo que implica que las medidas de manejo deben incorporar estas limitaciones para no sobreestimar la biomasa disponible.
Paralelamente, el Perú ha desarrollado su actividad pesquera amparado en la compatibilidad de medidas reconocida por la propia OROP-PS, lo que le ha permitido asignarse volúmenes acordes con su realidad productiva y mantener altos estándares de control. Esa trayectoria se apoya en políticas que priorizan la sostenibilidad y la evidencia científica.
Otro asunto relevante en la negociación es la iniciativa de Chile de promover un Área Marina Protegida en alta mar que abarque las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y que, según la propuesta, se extienda hasta la Dorsal de Nazca. El debate clave no es la conservación en sí, sino la forma y el alcance de la protección propuesta.
La Dorsal de Nazca se ha manejado bajo un esquema de zonificación vertical que protege los ecosistemas del fondo marino sin restringir actividades pesqueras que operan en la superficie y que no guardan conexión directa con esos hábitats. Ese enfoque permite compatibilizar objetivos de conservación con un uso sostenible de la columna de agua.
Proponer la protección estricta de toda la columna de agua sería una medida amplia y de gran impacto. IMARPE ha argumentado ante la OROP-PS la ausencia de conectividad ecológica entre Salas y Gómez y la Dorsal de Nazca; por ello, cualquier ampliación debe evaluarse con base científica y proporcionalidad para evitar restricciones generalizadas a la pesca industrial en alta mar. El Perú cuenta con respaldo técnico y una trayectoria de manejo responsable, y su defensa de los recursos busca que la conservación se base en evidencia, proporcionalidad y respeto por las posiciones nacionales.
