El gobierno iraní divulgó este viernes su propio recuento de víctimas por las protestas que comenzaron a finales de diciembre, con el objetivo de fijar su versión sobre una represión que ha recibido críticas internacionales.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 que las autoridades califican como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos, 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, dijo Araqchi, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar verificación independiente de esa cifra.
Es el primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de las protestas, después de semanas de informaciones parciales y comunicados fragmentarios.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales consideran que recurrir a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también afirmó que los disturbios causaron daños masivos a la infraestructura pública: según su informe, los “ataques terroristas” afectaron a más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre en un contexto de profunda crisis económica, marcado por el desplome del rial y una inflación persistente que golpea a amplios sectores de la población. Las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con reclamos sobre la situación económica y rechazo a la gestión del poder. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El gobierno iraní ha responsabilizado a actores extranjeros y a opositores en el exilio de alimentar los disturbios, alegando que buscan justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se reforzó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país podría volver a atacar a Irán si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto pide además garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y evitar la imposición de la pena de muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
