El casi total corte de internet que Irán impuso hace tres semanas empieza a aliviarse, pero no ha vuelto a la normalidad. Parte de los 92 millones de habitantes ha recuperado acceso bajo un sistema muy controlado que decide quién puede conectarse, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Analistas sostienen que el régimen cerró las comunicaciones el 8 de enero como una maniobra deliberada para ocultar la magnitud de la represión contra las protestas iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el apagón respondió a lo que describió como “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Según su versión, elementos dirigidos desde el exterior se infiltraron en las protestas, atacaron a las fuerzas de seguridad y a civiles, y responsabilizó a Israel y a Estados Unidos por la violencia.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán por la caída del rial, la elevada inflación y el empeoramiento de las condiciones de vida. En pocas horas las reclamaciones económicas derivaron en un cuestionamiento al sistema de la República Islámica, con consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y demandas de cambio de régimen en decenas de ciudades y provincias. El 8 de enero, tras el llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a una movilización masiva, el gobierno respondió con el apagón total de internet y una dura represión.
Organizaciones de monitoreo como NetBlocks confirmaron que el apagón tuvo una escala sin precedentes: en menos de 30 minutos desde el corte del 8 de enero el 98,5% del tráfico de internet en Irán colapsó. A diferencia de interrupciones anteriores, el cierre se produjo en segundos gracias a una infraestructura de intranet nacional que permite desconectar rápidamente el país del exterior.
El diario reformista Shargh reportó, citando fuentes oficiales, una restauración parcial del internet móvil, pero muchos usuarios permanecen con acceso intermitente y limitado. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, explicó a la BBC que lo observado no es un retorno a la normalidad: las principales plataformas se habilitan y bloquean en distintos momentos, lo que sugiere que las autoridades podrían estar probando un sistema de control del tráfico en tiempo real.
Amir Rashidi, director de ciberseguridad del Miaan Group, dijo a la BBC que la evidencia indica que solo un número limitado de personas autorizadas por el gobierno tienen acceso. Aunque técnicamente es posible usar redes privadas virtuales mientras exista alguna transmisión de datos, las autoridades parecen decididas a impedir su funcionamiento y a controlar estrictamente quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que el control del acceso a internet ha sido clave para limitar la información sobre la represión. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes y advirtió que la cifra final podría ser varias veces mayor, ya que 17.091 muertes reportadas están en revisión. Según HRANA, el balance oficial del gobierno de 3.117 fallecidos no refleja la verdadera escala de la violencia.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU para Irán, Mai Sato, han señalado que las fuerzas de seguridad emplearon munición real y armas letales contra manifestantes en las 31 provincias del país, disparando de forma indiscriminada al pecho y la cabeza. Sato advirtió que estos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas sin internet normal, el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, declaró el 26 de enero que las pérdidas diarias por el apagón rondan los 35 millones de dólares. Ante la creciente presión económica, las autoridades han dispuesto formas de acceso muy controladas para ciertos negocios.
Empresarios relataron a la BBC que en algunas ciudades miembros de las cámaras de comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de acceso sin filtros, siempre bajo supervisión y tras múltiples verificaciones de identidad. Un integrante de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló bajo condición de anonimato, describió el sistema como racionado y paralizante. Algunos comerciantes han sido obligados a firmar compromisos para no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory señaló que, según los patrones de tráfico web observados, es posible que la restauración plena del acceso a internet en Irán no se produzca nunca. El apagón ha impedido que los iraníes dentro del país reciban información confiable y que comuniquen al exterior lo que ocurre en las calles, hospitales y centros de detención.
Las protestas se enmarcan en una crisis económica profunda: en los últimos meses de 2025 el rial se desplomó. El centro estatal de estadísticas indicó que la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre de 2025; los precios de los alimentos aumentaron un 72% y los de productos sanitarios y médicos un 50% interanual. Años de sanciones, mala gestión y aislamiento financiero han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores.
Las manifestaciones actuales son las más relevantes desde las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 reproduce modalidades observadas en 2019 y 2022, pero agravadas por el apagón iniciado el 8 de enero, que oculta el verdadero alcance de la represión y aumenta el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.
