En una audiencia de seguimiento este jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la República Argentina y los demandantes liderados por Burford Capital volvieron a confrontarse en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La reunión, presidida por la jueza Loretta Preska, tuvo lugar tras los pedidos de sanciones y la moción de desacato presentados por los beneficiarios del fallo por USD 16.000 millones y después de la solicitud formal de Argentina para suspender el proceso de discovery ordenado por el tribunal.
La Procuración del Tesoro informó que la audiencia estaba prevista con antelación tanto al reclamo de sanciones como al pedido de suspensión total planteado por la defensa argentina, y que el objetivo principal fue supervisar el avance del discovery, la etapa procesal en la que las partes intercambian documentación e información relevante para el caso.
El alcance del discovery y los reclamos de Burford
Durante la audiencia, la defensa argentina volvió a rechazar determinadas solicitudes de información que consideró improcedentes, en especial las referidas a activos soberanos que, según su criterio, están protegidos por inmunidades previstas en el derecho interno y el derecho internacional.
En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”.
Además, compararon la solicitud con un ejemplo internacional: “Pretender que se requiera información al Banco Central sobre la localización de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.
Un punto central fue el pedido de Burford Capital para obtener detalles sobre la localización y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Argentina había rechazado esa solicitud ante el tribunal, alegando que las reservas de oro son propiedad de una entidad autónoma e independiente y que el Tesoro no tiene acceso directo a esa información.
Fuentes de la defensa señalaron que “el Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, y añadieron que el Ejecutivo decidió solicitar la información directamente al Banco Central.
Según la postura oficial, la negativa a aportar esos datos responde a la defensa de la soberanía estatal y a la protección de activos que no pueden ser alcanzados por medidas ejecutivas. En el comunicado posterior a la audiencia, el equipo legal del Estado afirmó que “Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso. Frente a este nivel de presión, el Estado mantiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”.
El pedido de suspensión y la acusación de desacato
Las tensiones entre las partes también se reflejaron en la estrategia argentina para frenar determinadas etapas del proceso. El país presentó ante la jueza Preska un pedido formal para suspender el discovery y la moción de desacato promovida por Burford Capital, argumentando que esas medidas exceden los límites razonables del litigio.
Desde el gobierno sostuvieron que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
La disputa se originó en una sentencia de primera instancia que condenó a Argentina al pago de USD 16.000 millones, más intereses, por la expropiación de YPF en 2012. Esa condena fue obtenida por antiguos accionistas y los derechos del litigio fueron adquiridos posteriormente por Burford Capital, que busca ejecutar la sentencia en tribunales estadounidenses.
En los últimos meses, Argentina presentó diversos recursos en Estados Unidos para frenar la ejecución de las órdenes, entre ellos un pedido para suspender la obligación de entregar el 51% de las acciones de YPF, argumentando que esa medida vulnera principios de soberanía y normas de su ordenamiento jurídico.
Documentación entregada y próximos pasos
La defensa argentina destacó que el proceso de discovery ya implicó la entrega de un volumen significativo de información: según datos oficiales, el país puso a disposición del tribunal más de 115.000 páginas de documentos considerados razonablemente relevantes. No obstante, los demandantes sostienen que aún resta información por aportar, especialmente comunicaciones privadas de funcionarios.
La audiencia de seguimiento no resolvió de fondo la controversia sobre el discovery ni la solicitud de desacato, pero permitió que las partes expusieran sus posiciones antes de las próximas actuaciones procesales. Argentina informó que presentará sus argumentos en rechazo al pedido de sanciones y desacato el próximo 19 de febrero.
En paralelo, el tribunal otorgó plazo hasta el viernes 6 de febrero para que los demandantes respondan al pedido de suspensión formulado por la defensa argentina. Luego, el país presentará su réplica el martes 10 de febrero, tras lo cual la jueza Preska tendrá la materia para resolver.
Desde la representación argentina subrayaron que la audiencia también sirvió para reiterar la improcedencia de ciertos requerimientos planteados en el discovery y para reafirmar la decisión del Gobierno de actuar conforme a la ley y dentro de los canales institucionales.
La causa por la expropiación de YPF sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta Argentina. Las decisiones próximas del tribunal estadounidense serán determinantes para el desarrollo del expediente en los meses venideros.
