La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo esta mañana un nuevo avance. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en el aeropuerto de San Fernando para un procedimiento en el hangar de la empresa Flyzar.
El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruye la causa que indaga el patrimonio y los movimientos de dirigentes del fútbol argentino.
Al arribar a las oficinas de la firma Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los agentes fueron atendidos por su titular, Felipe Carmona Natta. Según las fuentes, el empresario respondió que, si contaba con la documentación requerida, necesitaría tiempo hasta el lunes para entregarla.
El requerimiento judicial apunta a la logística aérea: el magistrado busca obtener documentación sobre los seguros de los helicópteros, las órdenes de vuelo y la nómina completa de pilotos. El objetivo es reconstruir quiénes fueron los pasajeros habituales de esas aeronaves y qué tipo de cargas se trasladaron hacia la quinta de Villa Rosa.
Vuelos de entrenamiento
El procedimiento se enmarca en una línea de investigación que había iniciado el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín remitiera el expediente al Juzgado Federal de Campana.
Aguinsky tomó declaración a dos pilotos que operaban en la zona. En su testimonio, uno de ellos intentó justificar sus viajes a la quinta diciendo que se trataba de “vuelos de entrenamiento”.
Sin embargo, esas declaraciones dejaron dudas. Ante la consulta sobre la posible carga transportada, ambos pilotos negaron haber trasladado bultos o paquetes. Los investigadores señalan que entre los dos suman más de 60 viajes a la propiedad de Villa Rosa.
El interrogatorio también buscó determinar si la cúpula de la AFA utilizaba esas aeronaves. El juez les mostró fotos para comprobar si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Pablo Toviggino, pero ambos pilotos dijeron que no podrían identificarlos como pasajeros.
Esta versión generó escepticismo en los tribunales, especialmente por la carencia de listas de pasajeros o registros formales de carga que permitan corroborar de inmediato lo declarado. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente así”, explicó un funcionario con acceso al expediente.
Pericias sobre el lavado de dinero
El operativo en San Fernando forma parte de una serie de medidas ordenadas por González Charvay el pasado miércoles, que incluyen pedidos de documentación a organismos públicos y privados, además de tres pericias específicas.
El foco está en esclarecer la titularidad real del inmueble y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los documentos, adquirieron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, un monto que contrasta con la tasación oficial de 17 millones de dólares.
La Justicia investiga si Pantano y Conte podrían actuar como prestanombres de Toviggino u otros terceros, dado que su perfil patrimonial no se condice con la magnitud de la inversión. Las nuevas medidas buscan examinar los movimientos societarios y fiscales para determinar si hubo ocultamiento de bienes y lavado de dinero.
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