Existe consenso sobre los factores que impulsan el crecimiento: inversión, infraestructura, educación, estabilidad y cohesión social. Sin embargo, suele subestimarse un factor igualmente determinante: la burocracia. No me refiero a la necesaria para dar orden y certeza, sino a la burocracia excesiva que retrasa decisiones, encarece proyectos y convierte trámites simples en procesos largos e ineficientes.
Ese exceso tiene un costo tangible. La OCDE calcula que las cargas administrativas pueden representar entre 2% y 4% del PIB en algunas economías, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que en América Latina las empresas pueden dedicar hasta el 10% de su tiempo a cumplir trámites. Ese tiempo no se invierte en producir, innovar o crecer, y afecta el bienestar colectivo.
Cada día que una empresa no abre significa empleo que no se crea; cada proyecto detenido implica inversión que no se realiza; cada hora en una ventanilla es productividad perdida. Además del impacto económico, la lentitud genera un costo social al retrasar oportunidades e ingresos en la vida cotidiana. En la práctica, la burocracia excesiva funciona como un impuesto oculto que reduce la competitividad y los ingresos potenciales de las familias.
La fricción suele surgir de sistemas diseñados desde la desconfianza: se presume el incumplimiento y se responden con procesos fragmentados, largos y llenos de autorizaciones previas. En lugar de aumentar el control, ese diseño provoca más lentitud, mayor discrecionalidad y amplios espacios grises.
Douglass North lo expresó claramente: el desarrollo depende de instituciones que reducen la incertidumbre. Procesos complejos aumentan esa incertidumbre y elevan los costos de transacción y la probabilidad de corrupción.
Por eso cobra relevancia un enfoque distinto: la confianza regulada. Consiste en reglas claras, requisitos verificables y procedimientos que avanzan bajo responsabilidad, con mecanismos de supervisión posteriores. En mi gestión municipal impulsé el Permiso a la Confianza, basado en una idea simple: si se cumplen condiciones objetivas, el trámite debe continuar. No se busca eliminar la regulación, sino hacerla funcional, reducir tiempos, bajar costos y limitar la discrecionalidad.
La digitalización es indispensable en ese cambio, pero no como una capa tecnológica sobre procesos ineficientes, sino como un rediseño del funcionamiento del sector público. Cuando un trámite depende de una persona, siempre cabe la interpretación; cuando depende de un sistema con reglas claras, ese margen se reduce. En ese sentido, la expresión usada en Nuevo León resume bien la intención: “Las computadoras no piden moches”.
La evidencia respalda esta lógica: organismos como el Banco Mundial y el BID muestran que la digitalización reduce tiempos, elimina intermediadores innecesarios y disminuye oportunidades de corrupción. En la práctica, se han logrado reducciones de hasta 50% en tiempos de trámite y mejoras medibles en la eficiencia administrativa en el gobierno municipal que encabezo.
Este enfoque no es exclusivo de una localidad. En México, la agenda promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza homologar, reducir y digitalizar trámites en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de suprimir redundancias y facilitar la actividad económica. La interoperabilidad, la identidad digital y la simplificación regulatoria apuntan al mismo objetivo: menos fricción, mayor certidumbre, más desarrollo y más recursos para las familias.
En la economía global, la velocidad institucional es un factor competitivo: las inversiones comparan certidumbre, claridad regulatoria y, sobre todo, tiempo. La burocracia excesiva no anula inversiones; las desplaza hacia entornos donde abrir y construir es más rápido, claro y predecible.
El debate sobre la burocracia es, por tanto, estructural: decidir qué tipo de Estado se desea construir. Uno que opere desde la sospecha permanente o uno que funcione con reglas claras, tecnología y confianza verificable. El desarrollo no se detiene por falta de capital o ideas; se frena por fricciones acumuladas, y pocas fricciones son tan costosas y persistentes como la burocracia mal diseñada. El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad.
