Un jurado federal en San Francisco declaró culpable al exingeniero de Google Linwei Ding, también identificado como Leon Ding, por cargos de espionaje económico y robo de secretos industriales relacionados con tecnología avanzada de inteligencia artificial, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según el comunicado oficial, los delitos beneficiaron a empresas vinculadas con el gobierno de la República Popular China. Se trata de la primera condena en Estados Unidos por espionaje económico asociado a la inteligencia artificial, lo que subraya la sensibilidad de las tecnologías implicadas.
Ding, ciudadano chino de 38 años, fue hallado culpable por el juez Vince Chhabria tras un juicio de 11 días. El veredicto incluyó siete cargos de espionaje económico y siete cargos por robo de secretos comerciales relacionados con la sustracción de información confidencial de la infraestructura tecnológica de Google.
De acuerdo con Reuters y documentos judiciales, la investigación determinó que Ding copió archivos internos de la empresa y transfirió aproximadamente 14.000 páginas de información técnica, de las cuales alrededor de 105 contenían secretos comerciales críticos para el desarrollo de IA de Google.
Para ocultar el robo, Ding habría copiado documentos en Apple Notes y los exportó en formato PDF a su ordenador personal, eludiendo los sistemas internos de monitoreo, según la acusación.
Entre los materiales sustraídos figuraban detalles sobre hardware, plataformas de software y la arquitectura de los chips personalizados Tensor Processing Unit (TPU) empleados en sistemas de inteligencia artificial, además de datos sobre sistemas de procesamiento gráfico y tarjetas de red internas para supercomputadoras.
El Departamento de Justicia indicó que los hechos ocurrieron entre mayo de 2022 y abril de 2023, periodo en que Ding tenía acceso privilegiado a recursos de la compañía. Durante ese tiempo, cargó documentos a cuentas personales en la nube y luego los descargó a su computador antes de renunciar a Google.
El caso se descubrió después de que Google detectara una presentación pública de Ding en China sobre una nueva startup tecnológica; ante ello, la compañía bloqueó su acceso a la red corporativa a finales de 2023, lo que permitió identificar la magnitud del robo.
También consta que Ding contactó con al menos dos empresas tecnológicas con sede en China: negoció para asumir el cargo de director tecnológico en una startup y posteriormente fundó su propia compañía de inteligencia artificial, en la que se desempeñó como director ejecutivo.
Las pruebas ante el jurado señalaron que Ding aprovechó su posición en Google para apoderarse de secretos tecnológicos mientras se asociaba con iniciativas oficiales chinas, incluida su solicitud para participar en un programa de captación de talento en Shanghái donde expresó la intención de aportar infraestructura computacional avanzada al país.
La acusación afirma que ante posibles inversores Ding afirmó que podía construir un supercomputador de IA replicando tecnologías de Google y colaborar en el desarrollo de chips para aprendizaje automático.
La Fiscalía del Distrito Norte de California destacó que el veredicto del jurado envía un mensaje firme sobre la protección de la propiedad intelectual frente al acceso ilegal por parte de intereses extranjeros.
Según la fiscalía, el robo permitió a Ding y a sus socios “saltar etapas clave” en el desarrollo de supercomputadoras para IA, equivalentes a una década de trabajo y miles de millones de dólares en inversión, según reseña Reuters.
Craig H. Missakian, fiscal federal, subrayó la contribución de la inteligencia artificial en Silicon Valley a la economía y la seguridad nacional y advirtió que quienes obtengan ventajas competitivas mediante el robo de tecnología enfrentarán acciones legales.
La defensa sostuvo durante el juicio que muchos de los documentos estaban accesibles para más de 160.000 empleados y contratistas de Google y que Ding no comercializó ni transfirió la información; el jurado rechazó estos argumentos y respaldó la acusación federal.
Autoridades federales, entre ellas John A. Eisenberg, asistente del fiscal general para Seguridad Nacional, y Roman Rozhavsky, responsable del FBI para contrainteligencia y espionaje, alertaron sobre un aumento de amenazas procedentes de China.
Eisenberg afirmó que la condena revela una violación calculada de la confianza en tecnologías de IA avanzadas en un momento crítico, y que Ding abusó de su acceso privilegiado mientras buscaba iniciativas alineadas con el gobierno chino, poniendo en riesgo el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.
Rozhavsky señaló que este caso marca la primera condena por espionaje económico relacionado con inteligencia artificial y demostró el compromiso del FBI de proteger a las empresas estadounidenses frente a la amenaza creciente desde China.
Missakian añadió que el jurado envió un mensaje claro de que el robo de tecnología valiosa no quedará impune y que se protegerá el capital intelectual estadounidense frente a intereses extranjeros que busquen ventajas competitivas injustas y pongan en riesgo la seguridad nacional.
El agente especial del FBI en San Francisco, Sanjay Virmani, declaró que el veredicto confirma que la ley federal se aplicará para proteger las tecnologías más valiosas del país y responsabilizar a quienes las sustraigan.
Las autoridades también enfatizaron que el caso refuerza la vigilancia y la cooperación entre el sector público y las empresas tecnológicas, señalando la protección de secretos industriales como una prioridad institucional.
Linwei Ding fue acusado formalmente en marzo de 2024 y la acusación se amplió en febrero de 2025. El jurado emitió su veredicto el 30 de enero de 2026.
La próxima audiencia está programada para el 3 de febrero de 2026. Según el Departamento de Justicia, las penas máximas podrían alcanzar hasta 10 años de prisión por cada cargo de robo de secretos industriales y hasta 15 años por cada delito de espionaje económico.
El caso ejemplifica la importancia de la cooperación entre autoridades federales y empresas de Silicon Valley para proteger la innovación tecnológica que sostiene la competitividad y la seguridad económica de Estados Unidos.
