Desde el 1 de enero de 2026, Alemania puso en marcha la llamada “pensión activa”, un mecanismo que permite a las personas jubiladas que continúan trabajando después de la edad legal de retiro percibir hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos.
La reforma se diseñó para hacer frente a la escasez de mano de obra y para contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
A diferencia del sistema anterior, la nueva modalidad autoriza a mayores de 67 años a combinar trabajo y pensión, elimina el antiguo tope sobre ingresos adicionales y suprime la prohibición de reincorporarse al puesto de trabajo previo, según explicó el Parlamento alemán.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, describió la medida como un incentivo sencillo para retener talento con experiencia y aumentar la flexibilidad de los empleadores. “Cualquiera que voluntariamente quiera trabajar más tiempo necesita condiciones atractivas”, afirmó Bas, citada por The Guardian.
Bas añadió que levantar la restricción para volver al empleo anterior busca facilitar la continuidad laboral a quienes deseen seguir activos.
La aprobación de la reforma fue precedida por un intenso debate político. El comité de coalición, liderado por el canciller Friedrich Merz y compuesto por ministros clave, impulsó el cambio para cubrir vacantes en sectores como ingeniería, transporte, sanidad y administración pública.
Carsten Linnemann, portavoz de la Unión Demócrata Cristiana, señaló que la “pensión activa” modifica el panorama laboral en Alemania y ayuda a captar personal cualificado, al tiempo que permite a las personas jubiladas obtener ingresos adicionales sin perder el acceso a prestaciones sociales previas.
El Bundestag aprobó el paquete legislativo con 318 votos a favor, 224 en contra y 53 abstenciones, lo que refleja posiciones divergentes sobre el alcance de las medidas.
Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Dagmar Schmidt subrayó la prioridad de estabilizar el nivel de las pensiones para proteger el poder adquisitivo de los jubilados: “Decidimos, y esto es especialmente importante para el SPD, estabilizar el nivel de las pensiones”, afirmó, según el Parlamento.
En comparación con otros países europeos, la “pensión activa” alemana constituye un incentivo fiscal más directo. Según la OCDE, Suecia ofrece deducciones fiscales a quienes trabajan tras los 66 años y Dinamarca aplica bonificaciones por pensiones diferidas.
No obstante, la mayoría de Estados miembros recurre principalmente a bonificaciones por aplazamiento de la pensión, en las que la continuidad laboral no garantiza ingresos exentos de impuestos tan elevados como los previstos por la reforma alemana.
La normativa establece que los trabajadores pueden combinar salario y pensión hasta 2.000 euros mensuales sin tributar por ese importe adicional. La eliminación de la limitación para reincorporarse al empleo anterior beneficia en especial a empresas que requieren perfiles expertos y asegura la permanencia de personal veterano en áreas esenciales.
Sin embargo, persisten dudas sobre la interacción de este beneficio con otras cargas fiscales, como el recargo de solidaridad o impuestos municipales, y sobre si el límite exento se aplicará por persona o por contrato cuando haya varias actividades laborales.
El Bundestag también advirtió que los requisitos técnicos y administrativos para acceder a la pensión activa no están plenamente resueltos. Existen preguntas sobre la coordinación con los pagos del seguro de salud y la adaptación de normativas locales para armonizar los distintos beneficios.
Analistas citados por The Guardian señalaron que la reforma podría no alcanzar plenamente a los hogares más vulnerables, ya que solo quienes obtengan empleos de calidad podrán beneficiarse de manera significativa; algunos críticos alertan además sobre el riesgo de debilitar esquemas de protección social.
El paquete legislativo incluyó otras medidas, entre ellas la ampliación de créditos por crianza para progenitores de hijos nacidos antes de 1992, añadiendo seis meses hasta un total reconocido de tres años.
Asimismo, se mantuvo el nivel mínimo de las pensiones en el 48 % del salario previo hasta 2031 y se prorrogó la suspensión del “factor de sostenibilidad”, el mecanismo que ajusta la evolución de las pensiones al equilibrio entre cotizantes y pensionistas.
El Bundestag estimó que garantizar la estabilidad del sistema costará más de 120.000 millones de euros en quince años, con una revisión prevista para 2031 en función de la evolución demográfica y económica.
El futuro del sistema de pensiones dependerá de las recomendaciones de una comisión de expertos que ya elabora propuestas para reforzar la viabilidad de la jubilación pública. Parlamentarios y analistas coincidieron en que mantener el equilibrio financiero y demográfico es el principal desafío.
El Parlamento alemán reconoció que afrontar esos retos exigirá decisión y medidas firmes en los próximos años para sostener la reforma y garantizar la protección social de las futuras generaciones.
