El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre; Teherán cifra el total en 3.117 muertos. La ONU y organizaciones de derechos humanos advierten que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que alcanzan las 20.000 víctimas mortales.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, que se incorporarán en una lista complementaria una vez corregidas.
Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial mantiene la versión oficial que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin aportar referencias específicas.
Estas cifras oficiales contrastan con datos de organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, indicó a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, señaló Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, y advirtió que es difícil verificar las informaciones que llegan desde el país debido a las restricciones sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a un intento de ocultar la verdadera escala de la matanza.
El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esta desconexión ha aumentado la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave situación económica. La inflación alcanzó el 42,2% en diciembre, los precios de los alimentos subieron un 72% y el rial se depreció, con el dólar alcanzando los 145.000 tomanes.
Lo que empezó como huelgas de comerciantes se convirtió en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más extensas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Según informes, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar para matar. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
