El régimen iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre y cifra el total de víctimas en 3.117. Organismos internacionales y ONG de derechos humanos advierten, no obstante, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que alcanzan hasta 20.000 fallecidos.
“Quiero informar con tristeza a la nación iraní que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Señaló que la diferencia de 131 nombres entre el total anunciado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional, que serán corregidas e incluidas posteriormente.
Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier nueva información o reclamación pueda ser examinada y verificada sin trámites administrativos complejos.
El comunicado presidencial siguió la línea oficial al culpar a “terroristas” supuestamente apoyados por Estados Unidos e Israel por el alto número de víctimas. Pezeshkian afirmó que los “enemigos históricos” comercian con vidas humanas como si fueran cifras, sin aportar detalles concretos.
Las cifras oficiales contrastan notablemente con las obtenidas por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló a medios que informes de personal médico dentro del país sugieren que las muertes podrían llegar a 20.000.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, confirmó que las cifras de fallecidos y heridos por la represión son “enormes, de miles de personas”, y advirtió que la verificación independiente es difícil debido a las persistentes restricciones sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, incluida la utilización de rifles y escopetas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Informes sobre morgues desbordadas, contenedores refrigerados para cadáveres y entierros rápidos sin identificación apuntan, según estas organizaciones, a intentos de ocultar la verdadera magnitud de los hechos.
El casi total apagón de internet impuesto desde el 8 de enero ha dificultado la comprobación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo digital, confirmó que se trata del bloqueo más prolongado registrado en Irán, con la intención explícita de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. Las ONG sostienen que esta desconexión ha incrementado la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente por la crisis económica que atraviesa el país. En diciembre, la inflación llegó al 42,2% y los precios de los alimentos aumentaron un 72%, mientras el rial se depreció de manera pronunciada, situando el dólar alrededor de 145.000 tomanes.
Lo que iniciaron como huelgas de comerciantes derivó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio político. Estas movilizaciones son consideradas las mayores desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional aplastar las protestas “por cualquier medio necesario”.
Se informó que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar con intención letal. The New York Times verificó videos donde agentes abren fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.
La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y extendió por un año el mandato de la relatora especial, con el fin de continuar la documentación y la investigación de las violaciones de derechos humanos.
