La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en el que alerta sobre un marcado deterioro institucional, caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y por el uso sostenido de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora para Guatemala, señaló que el informe identifica el debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial como el eje central del análisis, y advierte sobre amenazas serias a la gobernabilidad y al estado de derecho.
Pochak atribuye esas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por redes de poder político y económico que actúan para preservar intereses privados y garantizar impunidad.
El documento destaca un grave deterioro del sistema de justicia, que no estaría cumpliendo su función de tutela judicial efectiva y, además, se utiliza para criminalizar a quienes reclaman derechos o exigen rendición de cuentas.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Inicialmente dirigida contra operadores de justicia y exfuncionarios vinculados a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estrategia de criminalización se ha extendido a un amplio sector de la sociedad: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que esta criminalización se ha vuelto una práctica generalizada.
Según Pochak, el Ministerio Público (MP) ha sido cooptado y debilitado para funcionar como un instrumento de persecución selectiva, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) utilizada para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
La CIDH también detectó coordinación entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y obstáculos a los procesos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado interno.
El informe aborda, además, los persistentes retos en materia de pobreza y desigualdad, señalando las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos territoriales, lo que ha derivado en desalojos forzosos y criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Comisión formuló 43 recomendaciones al Estado guatemalteco. Entre ellas figuran reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y realizar una revisión profunda del funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, enfatizó Pochak.
El informe se elaboró con una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
