El Gobierno del Reino Unido anunció este lunes un paquete de sanciones contra diez personas de Irán, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como respuesta a lo que Londres considera graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico indicó que las medidas incluyen la congelación de activos, prohibiciones de viaje y la inhabilitación para dirigir empresas.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, señaló en un comunicado que el Gobierno se comprometió a imponer sanciones y a exigir cuentas a las autoridades iraníes, y afirmó que el pueblo iraní ha mostrado “un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión” al ejercer su derecho a la protesta pacífica.
La lista de sancionados está encabezada por Momeni, quien como ministro del Interior supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), que Londres identifica como responsables principales de la violencia contra manifestantes. También figuran Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y los jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Las sanciones afectan además a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia, también fue incluido; el Reino Unido le atribuye la generación de fondos y el apoyo a actividades delictivas del cuerpo, incluida la represión de manifestantes. Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por apropiación de miles de millones de dólares de la petrolera estatal, pena que según los informes fue conmutada en 2024.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el deterioro económico y la caída del rial. Se propagaron rápidamente por todo el país y evolucionaron hacia un desafío directo al régimen teocrático, cuya respuesta fue violenta. La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que al menos 6.842 personas han sido confirmadas muertas, en su mayoría manifestantes abatidos por fuerzas de seguridad, y que investiga 11.280 casos adicionales; estimaciones independientes sitúan el número de fallecidos por encima de los 30.000.
El Gobierno iraní publicó una cifra oficial de 3.117 muertos, de los que 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto como terroristas. Las autoridades de Teherán afirman que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados por Estados Unidos e Israel. No obstante, organismos internacionales de derechos humanos documentaron el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes en su mayoría pacíficos.
La decisión del Reino Unido se suma a medidas recientes tomadas por Estados Unidos y la Unión Europea. La administración estadounidense sancionó a Momeni la semana pasada, acusándole de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes, y la Unión Europea declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista en una designación anunciada el jueves anterior; el Reino Unido no ha adoptado esa última medida.
Con las sanciones anunciadas este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 medidas restrictivas contra personas y organizaciones iraníes implicadas en violaciones de derechos humanos. Las restricciones buscan responsabilizar a quienes, según Londres, participaron directamente en una de las represiones más letales de la historia reciente de Irán. La ministra Cooper afirmó que las imágenes y los informes de violencia vistos en todo el mundo son “horríficos” y justifican una respuesta internacional coordinada.
