El Gobierno británico anunció un paquete de sanciones contra diez personas iraníes, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y altos mandos de seguridad, en respuesta a lo que Londres describe como graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre. El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que las medidas incluyen congelación de activos, prohibición de viajes e impedimentos para dirigir empresas.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que el Reino Unido había advertido de nuevas sanciones y que exigirá responsabilidades a las autoridades iraníes. Cooper expresó además que el pueblo iraní ha mostrado “un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión” al ejercer su derecho a protestar de forma pacífica.
La lista de sancionados está encabezada por Momeni, quien supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica (FARAJA), a las que Londres responsabiliza por la violencia contra manifestantes. También figuran Seyed Majid Feiz Jafari, jefe de la Policía de Seguridad Pública; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de policía de la provincia de Lorestán; y los jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Entre los sancionados aparecen además miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani. El empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia, fue incluido por supuestamente generar fondos y posibilitar actividades criminales del cuerpo, entre ellas la represión de manifestantes; Zanjani fue condenado a muerte en 2016 por malversación, pena que se conmutó en 2024.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, motivadas inicialmente por el empeoramiento económico y la caída del rial. Se extendieron por todo el país y se convirtieron en un desafío directo al régimen teocrático, cuya respuesta fue violenta. La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha confirmado al menos 6.842 muertos, la mayoría manifestantes abatidos por fuerzas de seguridad, e investiga 11.280 casos adicionales; otras estimaciones independientes elevan la cifra de víctimas mortales por encima de 30.000.
El régimen iraní informó oficialmente de 3.117 muertos, de los que 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó a otros como “terroristas”. Las autoridades de Teherán sostienen que la violencia fue provocada por actos terroristas instigados desde Estados Unidos e Israel. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas contra manifestantes mayoritariamente pacíficos.
El Reino Unido actúa en línea con medidas anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea en días recientes. La administración estadounidense sancionó a Momeni acusándolo de supervisar fuerzas responsables de la muerte de miles de manifestantes, y la Unión Europea declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una designación simbólica de gran alcance que el Reino Unido no ha adoptado hasta ahora.
Con el paquete anunciado, el Reino Unido ha impuesto ya más de 550 medidas restrictivas a personas y organizaciones iraníes vinculadas a violaciones de derechos humanos. Las nuevas sanciones buscan responsabilizar a quienes, según Londres, participaron directamente en una de las represiones más letales de la historia reciente de Irán. La ministra Cooper sostuvo que las imágenes y los informes sobre la violencia son “horríficos” y justifican una respuesta internacional coordinada.
