El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este jueves que vetará la ley aprobada por el Senado que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.
“He dicho desde hace tiempo que las personas que cometieron un delito contra la democracia brasileña deberán responder por sus actos”, explicó Lula en una rueda de prensa en el Palacio del Planalto. “Cuando me llegue la iniciativa, la vetaré. No es un secreto para nadie”, añadió.
La norma, aprobada por el Senado el miércoles, plantea reducciones de penas que en algunos casos llegan hasta el 70% para los implicados en el asalto a las instituciones. Lula subrayó que es necesario esclarecer todos los detalles antes de considerar cualquier medida de clemencia y defendió la preservación de la memoria democrática para evitar riesgos en el futuro.
“Aún no sabemos quiénes financiaron lo ocurrido. Debemos tomar en serio los hechos del 8 de enero de 2023; hay quienes quieren que se olvide, pero no podemos permitirlo porque olvidar el valor de la democracia sería perderlo todo”, añadió el presidente.
Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como supuesto cabecilla del intento de golpe, vería reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto entrara en vigor. Actualmente, el expresidente cumple condena en una sala especial de la sede de la Policía Federal en Brasilia.
La iniciativa nació en sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue modificada para limitar su alcance a los crímenes contra el Estado democrático de derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, afirmó que no se trata de un perdón indiscriminado sino de una revisión para ajustar la proporcionalidad de las penas y evitar castigos excesivos: “La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”.
La ley fue aprobada con 48 votos a favor y 25 en contra y llegó al pleno tras un acuerdo procedural entre oficialismo y oposición para acelerar su tratamiento antes del cierre del año legislativo. Si fuera promulgada, podría ser impugnada ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
(Con información de Europa Press)
