El gobierno iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y anunció un total oficial de 3.117 muertos. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advierten, sin embargo, que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta 20.000 víctimas.
El presidente Masud Pezeshkian informó que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117. Señaló que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, que se incorporarán en una lista complementaria una vez se corrijan.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier información o reclamación nueva pueda ser examinada y verificada sin trabas administrativas.
El comunicado presidencial atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” con apoyo extranjero, mencionando a Estados Unidos e Israel como presuntos patrocinadores, sin dar más detalles concretos.
Las cifras oficiales contrastan con las aportadas por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, dijo a medios estadounidenses que informes de personal médico dentro del país indican que las muertes podrían llegar a 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que el número de fallecidos y heridos por la represión ha sido “enorme, de miles de personas”, aunque reconoció que la verificación independiente es difícil debido a las restricciones persistentes sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad, que habrían disparado rifles y escopetas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Estas organizaciones también señalan el desbordamiento de morgues, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y entierros apresurados sin identificación como indicios de un intento por ocultar la magnitud de los hechos.
El casi total apagón de internet impuesto desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, una organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. ONG de derechos humanos sostienen que esta desconexión ha incrementado la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la crisis económica. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y el precio de los alimentos subió un 72%. La moneda iraní se depreció con fuerza, y el dólar llegó a cotizarse en 145.000 tomanes.
Lo que empezaron siendo huelgas de comerciantes derivó en protestas masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de un cambio del sistema político. Se trata de las movilizaciones más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión se intensó los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional actuar para reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Según distintas investigaciones periodísticas, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar contra manifestantes. The New York Times verificó videos en los que se aprecia fuego real contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes murieron tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, respaldada por 25 votos, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, apoyado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
