El régimen iraní difundió este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre; el gobierno de Teherán cifra el total en 3.117 muertos. Organismos como Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos advierten, sin embargo, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y a discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidas.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier nueva información o reclamación pueda ser examinada y verificada “sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial siguió la narrativa oficial que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” supuestamente respaldados por Estados Unidos e Israel. Pezeshkian afirmó que “los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sin aportar referencias concretas.
Las cifras oficiales contrastan con informaciones recabadas por organismos internacionales. Mai Sato, relatora especial de la ONU para Irán, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las víctimas podrían alcanzar las 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que “la magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, y reconoció que es difícil verificar las informaciones que provienen del país debido a las restricciones continuas sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo disparos con rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, la utilización de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y enterramientos apresurados sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de un intento deliberado de ocultar la verdadera magnitud de la violencia.
El casi total apagón de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que la ciudadanía difunda imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Según organizaciones de derechos humanos, esta desconexión ha contribuido a una mayor impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave crisis económica del país. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2%, los precios de los alimentos subieron un 72% y el rial se depreció de forma drástica, con el dólar estadounidense cotizando en torno a 145.000 tomanes.
Lo que empezó como huelgas de comerciantes se convirtió rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Se trata de las protestas más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Informes y material verificado por The New York Times muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos han afirmado que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
