La ONG Foro Penal, que se encarga de la defensa de personas consideradas presos políticos en Venezuela, informó que llevará al Parlamento una lista con 232 casos para que sean incluidos en la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
La iniciativa pretende evitar que personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos queden excluidas de los beneficios previstos en la nueva normativa tras el cambio de gobierno.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, señaló que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento una vez la ley se publique en la Gaceta Oficial.
El escrito, ya redactado, solicita que se revisen esos casos porque la mayoría permanece fuera del alcance de la amnistía tal como está concebida en la legislación vigente.
La Ley de Amnistía fue promulgada la noche del jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Tras su sanción parlamentaria y firma, la norma ordena la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999.
El texto concede amnistía a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con manifestaciones, protestas, episodios de violencia y procesos electorales, incluidos casos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas.
La legislación limita su aplicación a trece coyunturas políticas específicas dentro del periodo que abarca desde 1999, dejando fuera arrestos ocurridos en quince de los veintisiete años incluidos en el marco temporal de la norma.
Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían seguir encarcelados y excluidos de la amnistía, mientras que aproximadamente 300 podrían figurar como beneficiarios, aunque estos números dependen de la implementación de la ley.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, calificó la amnistía como un logro de las familias de los presos políticos, pero advirtió que persisten mecanismos de represión estructural.
Romero también señaló que la amnistía no es condición imprescindible para las liberaciones y defendió la continuidad del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero por el gobierno encargado. Hasta el 18 de febrero, Foro Penal verificó la liberación de 448 personas.
En este contexto, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la nueva ley de amnistía, firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
El diputado Jorge Arreaza, responsable de la comisión, explicó que el seguimiento se organizará por áreas y tendrá como objetivo informar a la población sobre el avance del proceso.
La ley exige que los beneficiarios se presenten ante las autoridades; quienes se encuentren en el exilio podrán ser representados por un abogado y no podrán ser detenidos mientras dure el trámite. La medida se impulsó tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos a comienzos de 2026.
(Con información de EFE)
