Según reconstruyeron a partir de cámaras de seguridad, dos personas fueron filmadas caminando por la zona a las 23:45. En esas imágenes se las ve pasar sin que nada llamara la atención y, después, regresar con paso rápido; esos registros fueron fundamentales para que la Policía Bonaerense identificara y localizara al sospechoso en su vivienda, situada a aproximadamente un kilómetro del lugar del hecho.
La defensa del detenido está a cargo de un abogado oficial y, según fuentes judiciales, se solicitaron pericias psiquiátricas; la evaluación está prevista para agosto. Entre las pruebas que los investigadores consideran clave está el análisis de los teléfonos celulares, con el objetivo de determinar si existía algún vínculo previo entre la víctima y el acusado. Hasta el momento, no se pudo acreditar que se conocieran.
La víctima, identificada como Malena, fue trasladada a un centro de salud del barrio y entre sus pertenencias figuraba su teléfono celular. Ese dispositivo fue sustraído en el hospital y, a partir del rastreo del aparato, fue detenida una enfermera que participó en el traslado; quedó imputada por hurto.
Vecinos del acusado declararon haber observado conductas violentas anteriormente. Algunos relataron que “no parecía psiquiátrico, era un loco que usaba una catana con la que salía a caminar y golpeaba todo”, aunque la madre y la hermana del detenido no informaron antecedentes psiquiátricos confirmados ni tratamientos en curso. Estas versiones de testigos serán consideradas en el marco de las pericias y la investigación en curso.
El hombre detenido, Nahuel Lau de Hoz, fue alumno de la Escuela Técnica N.o 1 de La Unión, practicaba rugby en un club de la zona y colaboraba como editor de videos en la agencia de desarrollo web y capacitaciones Neuros. Tras su detención, la empresa publicó un comunicado en redes sociales confirmando que Lau de Hoz está desafectado del equipo: aclararon que era colaborador y no propietario, que está detenido y que la investigación sigue en curso. Neuros expresó su repudio al hecho y afirmó que continúa brindando servicios con normalidad.
La causa continúa en instrucción: la Policía y la fiscalía procesan pruebas materiales y periciales —incluyendo análisis de teléfonos y las pericias psiquiátricas programadas— para determinar responsabilidades y reconstruir con precisión los hechos.
