Un templo umbanda ubicado en la calle Purita al 3000 fue asaltado y la policía detuvo a cinco acusados tras un operativo, informaron fuentes oficiales. El hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación en el inmueble, que funcionaba como espacio religioso.
Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos sospechosos sobre los techos y a otros tres dentro de la propiedad. Según el relato policial, al advertir la presencia uniformada los agresores exhibieron armas de fuego e intentaron escapar por los fondos de la vivienda. Tres hombres, de 29, 34 y 35 años, fueron reducidos en el acto; otros dos lograron huir inicialmente a través de casas linderas, pero fueron aprehendidos poco después gracias a un operativo cerrojo desplegado con móviles de apoyo en las inmediaciones.
Durante el procedimiento los agentes secuestraron un revólver calibre .32 con municiones en el tambor y una pistola calibre .45 con numeración suprimida y proyectiles en el cargador. La incautación de las armas permitió controlar la situación dentro del inmueble y culminar con la detención de los cinco acusados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Según la responsable del templo umbanda, en el momento del asalto había en el interior unas siete personas. Los delincuentes, de acuerdo con la versión de las víctimas, habrían forzado la puerta de ingreso, golpeado a quienes estaban allí y les ataron las manos con precintos para exigirles dinero y joyas. No se detalló públicamente el estado de salud de las víctimas, ni si hubo lesiones de gravedad.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) No 5 local ordenó la detención de los cinco imputados y los acusó del delito descrito como “robo agravado en poblado y en banda, agravado por efracción y por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso real”. Ese encuadre indica que la fiscalía considera que el robo se cometió en grupo, con violencia, mediante fractura o forzamiento, y con utilización de armas.
Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor: toma de declaraciones, secuestro de pruebas y trámites judiciales correspondientes. Los detenidos permanecen bajo custodia y a disposición del juzgado competente mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades y circulación de los elementos incautados.
