En Infobae en vivo, Maia Jastreblansky explicó los principales cambios que propone el Gobierno en la nueva ley de financiamiento universitario, enviada a sesiones extraordinarias tras publicarse en el Boletín Oficial. Señaló que el conflicto por los fondos no se resolvió durante esta gestión y advirtió que la iniciativa oficial resulta insuficiente para los sindicatos docentes.
En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde —Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin— repasó el proceso: la marcha universitaria federal de abril de 2024, la sanción de una ley en septiembre, el veto gubernamental y la insistencia del Congreso que revirtió ese veto; la posterior promulgación en octubre de 2025 y la dificultad para aplicarla por falta de financiamiento definido.
El nuevo proyecto: menos fondos y actualizaciones atadas a la inflación
Jastreblansky desglosó las diferencias entre la ley originalmente sancionada, que permanece vigente pero sin ejecución efectiva, y el nuevo proyecto del Ejecutivo. Mientras el texto original proponía una recomposición presupuestaria desde 2024 y actualizaciones por IPC, la propuesta actual solo contempla los gastos de 2026 y establece una actualización condicionada a que el índice de precios al consumidor supere el 14,3 %, funcionando como una cláusula gatillo condicionada.
Respecto de los hospitales universitarios, explicó que el proyecto previo previó ajustes por inflación, mientras que el nuevo fija un monto específico de ochenta mil millones. Señaló que la propuesta parte de una expectativa oficial de desaceleración inflacionaria, que contrasta con el dato de enero (2,9 %) que generó inquietud.
En materia salarial, detalló que el proyecto inicial contemplaba actualizaciones desde diciembre de 2023 y paritarias trimestrales; el nuevo texto mantiene la frecuencia de paritarias pero propone un aumento total del 12,3 % distribuido en tres cuotas. Indicó además que la mayor parte de los recursos reclamados se destina a salarios docentes, que es el principal motor de la movilización gremial.
Gremios en alerta y decanos divididos ante la nueva ley
La respuesta sindical fue inmediata y de alarma: los gremios advirtieron que, con esos parámetros, las clases corren riesgo de no comenzar. Jastreblansky señaló que, si bien existe conflicto, el Gobierno sí realizó en ocasiones reasignaciones de partidas por resolución durante momentos de movilización, aunque sin la seguridad que da una ley con financiamiento definido.
El panorama interno no es homogéneo: algunos decanos ven con cierta simpatía la iniciativa como una forma pragmática de empezar a regularizar fondos tras el laberinto jurídico, considerando que “algo es mejor que nada”.
En el plano legislativo, explicó que el Ejecutivo incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias y que hay una semana para su tratamiento; estimó que es improbable que se sancione de inmediato, pero que la discusión puede buscar desactivar la conflictividad.
El trasfondo político y el giro discursivo oficialista
Manu Jove señaló que la presentación marca un cambio de actitud del oficialismo, que pasa de una postura defensiva a una más propositiva en este tema después de dos años rechazando iniciativas. Jastreblansky agregó que el Gobierno intentó desactivar la percepción de antagonismo con la universidad pública mediante declaraciones y mesas de negociación.
La periodista recordó el fuerte impacto social de la movilización universitaria y la amplitud de la primera marcha, que instaló el tema en la opinión pública y reforzó la percepción de que la universidad pública es un elemento de orgullo colectivo.
Finalmente, advirtió que habrá que observar a los decanos próximos al Ejecutivo y si logran mantener el apoyo necesario entre los aliados para que el nuevo proyecto avance.
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