La semana pasada, en el Foro Permanente de Discapacidad, representantes de centros terapéuticos plantearon una situación de emergencia por el deterioro económico y operativo del sector. Explicaron que la inflación y la falta de actualización del nomenclador —que no se ajusta desde hace más de un año— dejaron los sueldos desfasados y complican la continuidad de los servicios.
Los centros deben cumplir exigencias estructurales y contar con equipos amplios y especializados. Atienden a grupos reducidos: por ejemplo, para diez chicos se requiere un docente y un auxiliar debido al acompañamiento permanente que necesitan. Además, sostienen equipos interdisciplinarios con hasta 12 profesionales con título universitario para garantizar los tratamientos. Estos requisitos elevan significativamente los costos laborales.
A esos costos se suman aumentos en gastos básicos y en alimentación. Según lo expuesto por las directoras, la cobertura del dinero para la comida diaria no alcanza: con 8 mil pesos diarios deben financiar desayuno, colación y almuerzo, monto que muchas veces sale del propio bolsillo del personal o de la institución. En algunos casos, responsables afirmaron que no cobraron su sueldo en dos meses, aunque continúan yendo por compromiso con los pacientes y con la intención de reintegrarlos al sistema educativo, no simplemente “guardarlos” en un centro.
Además de la presión por el aumento de costos, hay problemas de financiamiento por parte de terceros: las prepagas han dejado de pagar y ciertos programas estatales también suspendieron sus desembolsos. Los pagos que llegan lo hacen con demoras significativas —frecuentemente a 90 días— y las autorizaciones administrativas pueden tardar meses, lo que genera tensiones de caja que dificultan el funcionamiento cotidiano.
Para afrontar estas brechas, muchas instituciones recurren a préstamos personales para cubrir sueldos y aguinaldos. Esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad del sistema: responsables advierten que, de no mediar soluciones, podrían optar por dejar el sector o cerrar los centros, lo que dejaría a muchos chicos sin atención y en sus hogares sin tratamientos adecuados.
Como medida de visibilización y protesta, el sector anunció la realización de un acampe frente a la Casa de Gobierno por tiempo indeterminado, hasta obtener respuestas concretas sobre actualización de tarifas, pagos pendientes y medidas que garanticen la sustentabilidad económica de los centros terapéuticos. La demanda central es una intervención rápida y sostenida para asegurar la continuidad de los servicios a las personas con discapacidad.
