El inicio del año escolar suele representar una nueva expectativa para miles de niños: el reencuentro con sus compañeros, mochilas preparadas, cuadernos nuevos y familias que realizan esfuerzos para acompañar el retorno a clases.
En el Perú, sin embargo, el regreso a la escuela también obliga a enfrentar una realidad que el Estado atiende de manera fragmentada: muchos niños y adolescentes estudian en centros educativos precarios y aprenden en entornos que, en varios casos, no protegen su salud ni su desarrollo.
Hablar del inicio de clases debería implicar evaluar las condiciones reales que el país ofrece para que un estudiante pueda aprender, crecer y vivir con dignidad; esa evaluación incluye, de forma inevitable, la nutrición. No hay aprendizaje de calidad si un niño llega con anemia, si el programa de alimentación escolar distribuye productos ultraprocesados o si las prácticas alimentarias del colegio contradicen las recomendaciones de salud pública.
El Perú enfrenta una triple carga de malnutrición en la niñez y adolescencia: desnutrición, anemia y, al mismo tiempo, sobrepeso u obesidad. Según el INEI, en 2024 la anemia afectó al 43,7 % de los niños de 6 a 35 meses y la desnutrición crónica al 12,1 % de los menores de cinco años. UNICEF advierte que el sobrepeso y la obesidad son una amenaza importante: el 38,4 % de los niños de 6 a 13 años presenta sobrepeso u obesidad y entre adolescentes de 12 a 17 años la cifra alcanza el 24,8 %. En consecuencia, conviven carencias y excesos nutricionales dentro del mismo sistema alimentario e incluso dentro de un mismo colegio.
El programa de alimentación escolar atiende a más de 4 millones de niños en 67 055 instituciones educativas públicas, por lo que las decisiones de compra pública inciden directamente en la salud y nutrición infantil. A pesar de ello, en algunos colegios aún se encuentran productos ultraprocesados y no se ha avanzado de forma consistente en priorizar la compra a la agricultura familiar para abastecer con alimentos frescos y de mejor calidad. Denuncias públicas de Conveagro indican que la meta estatal de compras a la agricultura familiar sería de S/ 284 millones, mientras que la ejecución reportada fue apenas de S/ 221 mil, lo que sugiere problemas administrativos y una limitada articulación política con la agricultura familiar.
Surge así una pregunta central: ¿qué tipo de alimentación escolar se está ofreciendo? Aunque el discurso oficial promueve una alimentación “nutritiva y saludable”, los requerimientos del programa incluyen modalidades de productos industrializados y raciones listas para consumo inmediato. Para abordar la triple carga de malnutrición no es coherente que la respuesta estatal dependa de soluciones que tienden hacia la lógica del ultraprocesado. Se requiere coherencia entre el currículo, los quioscos escolares, la alimentación escolar y la regulación del entorno alimentario, de modo que el mensaje educativo y la práctica alimentaria sean consistentes.
El problema no se limita a la comida: también afecta al espacio físico donde los estudiantes aprenden. Según reportes de medios, de los 55 609 colegios públicos del país, 26 692 presentan daños y deficiencias estructurales, es decir, el 48 % del total. Además, la Contraloría informó en febrero de 2026 que más del 60 % de los colegios visitados no contaba con un plan de gestión del riesgo de desastres vigente y presentaba deficiencias en infraestructura. En suma, el retorno a clases sucede en locales que en muchos casos son inseguros, deteriorados o insuficientes.
Por ello, el inicio de clases debería ser un momento para evaluar prioridades éticas y políticas. ¿Qué está priorizando el país en materia educativa? ¿Se reconoce que la nutrición escolar es una condición básica para el aprendizaje, la salud y la igualdad? ¿Se entiende que la infraestructura escolar constituye una forma concreta de cuidado y dignidad?
El país requiere una política escolar integral que articule alimentación saludable, infraestructura segura, acceso a agua y saneamiento, educación alimentaria, compras públicas de calidad y vigilancia efectiva. Esa política debería dejar de ver a los estudiantes como beneficiarios pasivos y reconocerlos como sujetos de derecho. También debe comprender que no habrá mejoras educativas sostenibles mientras se mantenga la separación entre lo pedagógico, lo nutricional y lo sanitario.
El regreso a clases debería renovar la esperanza, pero esa esperanza no puede asentarse en aulas deficientes ni en alimentos cuestionables. Si el objetivo es proteger a la niñez y adolescencia, el inicio del año escolar debe asumirse como una prioridad urgente a nivel nacional.
Educar implica también alimentar de forma adecuada, y garantizar una alimentación adecuada en las escuelas es, en última instancia, una decisión y una responsabilidad política.
