24 de marzo de 2026
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25 testimonios del Nunca Más sobre secuestros, torturas, violaciones y desapariciones durante la dictadura

Hace cincuenta años comenzó en Argentina la última dictadura cívico‐militar, que implementó un sistema sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada y transformó al Estado en autor de violencia política. En las últimas semanas se confirmaron nuevas identidades vinculadas a La Perla, uno de los centros clandestinos más significativos: doce personas fueron identificadas hace apenas trece días.

Familias que pasaron medio siglo sin respuestas ahora han recibido certezas mínimas sobre el destino de sus desaparecidos. Ese hallazgo reciente ilustra hasta qué punto las consecuencias del golpe del 24 de marzo de 1976 siguen presentes y por qué el duelo y la búsqueda de verdad y justicia no han cesado.

Un informe para juzgar a las Juntas

Al restablecerse la democracia, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) para recopilar testimonios de víctimas y testigos, visitar centros clandestinos y elaborar un informe que sustentara las acusaciones en el Juicio a las Juntas. Ese documento, entregado el 20 de septiembre de 1984, se tituló Nunca más y reunió decenas de miles de declaraciones.

Nunca más, nombre que remite al rechazo a crímenes de lesa humanidad, fue la base de la acusación que resultó en condenas a los responsables de la dictadura. La consigna “nunca más” sigue siendo el reclamo central en las conmemoraciones públicas.

El informe recopiló patrones, cifras y relatos que describen cómo se organizó el terrorismo de Estado: estimó la existencia de alrededor de 340 centros clandestinos en el país, consignó que en la ESMA habrían pasado unos 4.700 detenidos hasta marzo de 1978 y señaló que el 58% de las víctimas tenían entre 21 y 30 años al momento del secuestro. Al cierre del informe se registraban 8.691 denuncias de desapariciones forzadas, cifra considerada “abierta” por la propia CoNaDeP por la imposibilidad de documentar todos los casos.

El texto también puso de manifiesto obstáculos para reconstruir la verdad: distancias territoriales que impidieron a muchas familias declarar, el miedo a represalias y la dificultad de afrontar el dolor. Además consignó que una de cada diez mujeres secuestradas estaba embarazada.

Los testimonios incluidos en el informe condensan el horror vivido por detenidos y detenidas. Algunos supervivientes describieron la continuidad del sufrimiento: lo que en el momento parecía un periodo limitado de tortura se convirtió en años de secuelas físicas y psicológicas.

La experiencia de ingresar a un centro de detención clandestino, según relataron sobrevivientes, equivalía a perder la identidad: a las personas se las reducía a un número, se les vendaban los ojos y se les sometía a rutinas orientadas a la deshumanización, una comparación con la inscripción dantesca “abandonad toda esperanza” que el informe reproduce para ayudar a comprender esa dimensión.

Así secuestraban

Los relatos reunidos por la CoNaDeP describen operativos caracterizados por la violencia de los grupos de tareas: irrupciones nocturnas, encapuchamientos, requisas y saqueos, traslados forzados en el piso de vehículos y la entrega de las víctimas a circuitos clandestinos que impedían toda trazabilidad.

En numerosos testimonios se documenta que, además de llevarse a los objetivos de los operativos, las fuerzas dejaban familias fragmentadas: adultos mayores, mujeres y niños fueron detenidos o quedaron sometidos a vigilancia y amenazas; en muchos casos se apropiaron de bienes y vehículos.

Los testimonios incluyen episodios en que personas con discapacidad, ancianos y muy jóvenes quedaron imposibilitados de recibir auxilio durante las detenciones, y relatan la permanencia de fuerzas en los domicilios después de cada operativo.

También aparecen descripciones de episodios en los que madres, padres y otros familiares serían objecto de torturas extremas en presencia de sus hijos, y de situaciones en las que bebés y niños fueron trasladados junto a sus madres o padres a centros clandestinos.

Hay declaraciones concretas sobre casos en que adolescentes fueron detenidos con sus padres, y otras que narran la muerte violenta de jóvenes cuyos cuerpos aparecieron tiempo después con signos de tortura.

En algunas historias familiares se cuentan desapariciones encadenadas: varios miembros de una misma casa secuestrados en distintos momentos y nunca más localizados, con domicilios saqueados y vidas rotas.

Los operativos describen además el uso de herramientas improvisadas para la tortura y la intimidación, y la práctica de dejar a víctimas en condiciones extremas mientras se buscaba información o se castigaba a quienes eran considerados “subversivos”.

Así violaban y torturaban

Los métodos de tortura consignados en las declaraciones son variados y reiterados: aplicación de picana eléctrica en distintas partes del cuerpo, palizas sistemáticas, colgar por los brazos, quemaduras con objetos metálicos, desollamientos parciales, y otros métodos destinados a infligir dolor prolongado y degradación.

Además de los daños físicos, fueron frecuentes las prácticas de humillación: exhibición de restos o trapos ensangrentados, amenazas sobre seres queridos, y simulacros de muerte para quebrar psicológicamente a las víctimas.

La violencia sexual figura con frecuencia en los testimonios: violaciones, amenazas de violencia sexual, inserción de objetos y uso de electricidad en zonas erógenas, forzamiento de relaciones sexuales bajo coacción y episodios de explotación sexual como parte del régimen de interrogatorio.

Algunas declaraciones relatan cómo a las mujeres se las obligaba a desnudarse y se las sometía a procedimientos médicos simulados, tocamientos y violaciones repetidas por guardias y personal de los centros. También hay relatos de extorsiones sexuales en las que se condicionaba la vida a la sumisión a un agresor.

Otros testimonios describen prácticas de asfixia, inmersión en agua hasta casi la pérdida del conocimiento, enterramientos hasta el cuello, privación de agua y alimentos, y torturas destinadas a provocar desmayos y estados cercanos a la muerte para obtener confesiones.

La combinación de técnicas físicas y psicológicas buscaba además impedir la recuperación: quemaduras, cicatrices y lesiones internas se acompañaban de la degradación continua y de amenazas sobre familiares, lo que generó secuelas crónicas en muchos sobrevivientes.

La lista de métodos incluye también agresiones con instrumentos cortantes, descargas eléctricas en la boca y los dientes, y el uso de sustancias corrosivas aplicadas a genitales o mucosas, con efectos permanentes sobre la salud y la sexualidad de las víctimas.

Las declaraciones recogen igualmente la práctica de someter a detenidos a escenas de violencia frente a otros presos para forzar confesar o delatar a terceros, y la imposición de castigos colectivos como forma de control.

En muchas de las dependencias, las condiciones de encierro eran extremas: largos períodos sentados o inmovilizados, prohibición de hablar o moverse y privación de elementos básicos de higiene y salud.

Así desaparecieron a sus víctimas

Las fuerzas llevaron a cabo lo que llamaban “traslados”, un eufemismo utilizado para referirse a la práctica de sedar o aturdir a detenidos y luego trasladarlos en aviones o camiones para arrojarlos al mar o eliminar rastros de manera sistemática. Sobrevivientes y testigos relataron inyecciones, pérdida de fuerzas, vómitos y salidas de los sótanos hacia vehículos que luego partían hacia aeropuertos.

Testimonios de la ESMA y de otros centros describen la rutina del “día de traslado”: llamadas por número, separación de prisioneros, aplicación de inyecciones y salida por puertas laterales hacia camiones que los llevaban al Aeroparque u otros puntos desde donde se realizaban vuelos sobre el mar para arrojar a las víctimas aún con vida.

También hay relatos de ejecuciones en terreno y entierros clandestinos: detenidos obligados a cavar fosas para luego ser fusilados, y descripciones de quemas de cuerpos para ocultar pruebas, denominadas con eufemismos por quienes participaban de ellas.

Las fuentes incluyen relatos de incineraciones en parrillas construidas ad hoc y el traslado nocturno de cadáveres en vehículos militares o policiales. Algunas declaraciones mencionan la quema simultánea de neumáticos para disimular el olor de la carne humana.

En varias jurisdicciones se recurrió a fosas y a la incineración como método sistemático para desaparecer cuerpos, procedimiento que implicó un ocultamiento organizado y sostenido en el tiempo.

Parir en cautiverio

El informe documenta nacimientos en cautiverio y el trato recibido por mujeres embarazadas. Un caso emblemático es el de Adriana Calvo de Laborde, que dio a luz en la ruta en el traslado y luego fue obligada a realizar tareas de limpieza y a entregar la placenta en condiciones de humillación y amenaza.

Además de los nacimientos en centros clandestinos, la dictadura cometió el robo de bebés y la suplantación de identidades: alrededor de 300 personas nacidas en cautiverio son buscadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, y unas 140 identidades fueron restituidas en las últimas décadas. Muchos de los partos en cautiverio no tuvieron consecuencias libres o seguras para las madres, que en muchos casos siguen desaparecidas.

“Los cadáveres no se entregan”

Un testimonio recogido en la CoNaDeP reproduce la frase que resumió la política del aparato represivo frente a las familias: cuando un padre reclamó el cuerpo de su hija, un coronel le respondió que “los cadáveres no se entregan”, una expresión que condensó la estrategia de desaparición forzada como modo de anular el duelo social y familiar.

Esa política de ocultamiento explica por qué, hasta hace muy poco, muchas familias no habían tenido posibilidad de un entierro o una comprobación forense. Hallazgos recientes —como fragmentos óseos con coincidencias genéticas— han dado certezas a parientes tras décadas de ausencia, pero la búsqueda de verdad y justicia continúa.

Por esa razón las conmemoraciones y las movilizaciones por el Nunca más siguen siendo un reclamo vigente: las heridas abiertas por las desapariciones forzadas, las torturas y el robo de bebés exigen memoria, verdad y reparaciones que perduran más de medio siglo después.

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