Aunque en Argentina el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo intercambiaron acusaciones sobre los méritos del juicio de Burford Capital contra el Estado por la expropiación de YPF, en Estados Unidos tanto la administración de Donald Trump como el sector corporativo coincidieron en rechazar la práctica del estudio inglés, al que critican por su papel como financiador de litigios.
No se conocían reacciones concretas al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer anuló la sentencia de la jueza Loretta Preska, la cual obligaba al Estado argentino a pagar más de USD 18.000 millones a Burford y a algunos demandantes. Sin embargo, antes de esa resolución una amplia coalición de cámaras de comercio, asociaciones y grandes empresas estadounidenses ya había expresado su desaprobación hacia la actividad del estudio inglés fundado en 2008 por Christopher Bogart, cuyo valor de mercado cayó notablemente tras conocerse la decisión, calificada por la firma como “decepcionante”.
Burford evalúa presentar nuevos recursos legales, incluida la posibilidad de acudir al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Al mismo tiempo, anticipó que reconocerá una disminución en el valor de sus activos al presentar sus resultados del primer trimestre.
En 2025, en un comunicado de la US Chamber of Commerce —la principal representación empresarial de Estados Unidos—, cientos de cámaras locales, estatales y regionales, junto con empresas de distintos tamaños, expresaron su apoyo a un proyecto de ley impulsado por un grupo de legisladores republicanos para aumentar la transparencia en la industria de la financiación de litigios por terceros, actividad en la que Burford es prominente. Entre las empresas y asociaciones señaladas estaban laboratorios como Abbott, gigantes de las comunicaciones como AT&T, Comcast y Verizon, farmacéuticas como Bayer y Eli Lilly, petroleras como ExxonMobil y organizaciones como el American Petroleum Institute, además de aseguradoras como Liberty Mutual y Zurich.
¿En defensa del chiquitaje?
El bufete sostiene que su actividad busca proteger a los “little guys” frente a estados, empresas e individuos abusivos, pero críticos la comparan con lo que en EEUU se denomina “ambulance chasing” (búsqueda de víctimas para demandar) y en Argentina se conoce coloquialmente como “caranchos”.
El proyecto legislativo presentado por los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) pretende transparentar y regular la financiación de litigios civiles por terceros, obligando a revelar la existencia de acuerdos y la identidad de cualquier persona o entidad que tenga derecho a recibir pagos condicionados al resultado del proceso.
El objetivo principal es evitar que fondos de inversión, entidades o fondos soberanos extranjeros participen en demandas de forma encubierta a cambio de una porción del fallo. Según los autores del proyecto, la falta de transparencia permite que financiadores como Burford influyan en la estrategia legal y en la resolución de casos, fomenten litigios especulativos y faciliten el uso del sistema judicial estadounidense con fines estratégicos o económicos por parte de actores extranjeros. En parte, esa preocupación motivó la intervención del Departamento de Justicia de EEUU en el caso, apoyando al gobierno argentino.
Tres “riesgos” de la especialidad
En octubre pasado, el Instituto de Reforma Legal (Institute for Legal Reform) de la US Chamber of Commerce publicó un informe que identificó tres riesgos principales asociados a la industria desarrollada por Burford.
Primero, los financiadores pueden ejercer un control significativo sobre los litigios, lo que pone en riesgo la independencia profesional de los abogados y la lealtad hacia sus clientes; el informe cita el ejemplo de la relación entre Burford Capital y Sysco Corp., un gran distribuidor de alimentos.
En segundo lugar, advierte sobre riesgos para la seguridad nacional: actores extranjeros podrían usar esta financiación para dañar intereses de Estados Unidos, acceder a información sensible o evadir sanciones. El documento menciona casos en los que firmas vinculadas a oligarcas rusos sancionados y otras con relación a empresas chinas financiaron litigios en Estados Unidos y Reino Unido.
Finalmente, la investigación sostiene que la industria se queda con la mayor parte de los acuerdos o sentencias, reduciendo de forma considerable lo que perciben los demandantes después de descontar honorarios y costos; como ejemplo se cita el caso de los carteros británicos, que recibieron menos del 20% del acuerdo tras la intervención de financiadores y abogados.
Política y derecho
En síntesis, la participación de la administración Trump en el expediente coincidió con los intereses del sector corporativo estadounidense y se integró con una dimensión política, diplomática y jurídica en relación con el gobierno argentino. En el plano jurídico, la Universidad Austral destacó la “decisiva labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación”, integrado por los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del procurador Sebastián Amerio. La casa de estudios señaló que los tres hicieron su carrera de Abogacía en la Universidad Austral y mantienen vínculos docentes en pregrado y posgrado en diversas disciplinas del Derecho.
