Frente a un marcado deterioro de la actividad industrial, el empresariado de la Provincia de Buenos Aires está definiendo una estrategia en dos frentes con dos objetivos principales: mejorar la competitividad en un contexto recesivo y reducir la carga impositiva. Las propuestas en discusión buscan, por un lado, excluir a la producción fabril del impuesto a los Ingresos Brutos y, por otro, llevar a la justicia el cobro de ciertas tasas municipales.
La caída de la actividad industrial ya se percibe con claridad en la provincia gobernada por Axel Kicillof. La baja del consumo, la pérdida de puestos laborales y el cierre de empresas afectan tanto al entramado productivo como a la recaudación provincial.
Asimismo, la apertura comercial beneficia los balances contables de algunas empresas, en detrimento de la cadena productiva local.
“Estamos en un momento de canibalización de mercado. Sabemos que importar perjudica a nuestra propia cadena productiva, pero muchas veces es la mejor opción”, resumió un dirigente industrial provincial. La frase refleja la tensión central: ante la necesidad de reducir costos para mantenerse, las empresas encuentran en las importaciones una alternativa que puede debilitar la producción local.
El desafiante contexto económico de la Provincia de Buenos Aires
Esa situación se enmarca en un deterioro generalizado. Desde noviembre de 2023 se registraron 21.938 cierres de empresas a nivel nacional. En la Provincia de Buenos Aires, según el Ministerio de Economía bonaerense, cerraron 5.832 unidades productivas en el mismo período, lo que equivale a un promedio de siete empresas por día desde fines de 2023.
La tendencia muestra además un cambio respecto de la recuperación pospandemia. El stock de empresas, que había alcanzado cerca de 520.000 unidades a nivel nacional, descendió desde fines de 2023 hasta situarse alrededor de las 490.000. En la Provincia, el número cayó hasta aproximadamente 147.665 unidades productivas, acumulando dos años consecutivos de retroceso.
La situación del mercado de trabajo agrava el panorama: según SIPA, desde diciembre de 2023 se eliminaron más de 270.000 empleos registrados a nivel nacional. En 2024 la reducción fue de 170.976 puestos y en 2025 se sumaron otros 106.232 empleos perdidos.
Los dos pilares clave en el plan de los industriales bonaerenses
En respuesta, los industriales impulsan un plan para bajar la presión tributaria y elevar la competitividad. El primer eje propone suprimir el impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad industrial. La propuesta llegó al gobernador, pero no hay detalles sobre cómo se implementaría, dado que su eliminación generaría un importante impacto fiscal para la Provincia.
Un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) sostiene la demanda: ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayor presión tributaria teórica sobre la actividad productiva, junto con Santa Fe y Córdoba, alcanzando el 10,1% del valor agregado bruto de las cadenas productivas.
En el caso de la industria, la carga sobre el valor agregado se estima en 4,7%, un punto porcentual por encima de provincias comparables. Ese nivel se explica en parte por la forma de cálculo de Ingresos Brutos, que toma una base cercana al valor bruto de producción y, por tanto, amplifica el efecto a lo largo de la cadena de valor, especialmente por el uso de insumos intermedios.
Los datos fiscales oficiales también señalan la relevancia del sector: en 2024 la recaudación teórica atribuible a la industria en la provincia fue de $1,67 billones, equivalente al 13,4% del total. No obstante, la recaudación informada por el Ministerio de Economía bonaerense fue de $7,45 billones, lo que el informe interpreta como indicio de un nivel significativo de evasión y gasto tributario —estimado alrededor del 40%—, si bien ese desvío sería menor en la industria que en otros sectores debido a regímenes de retención y percepción.
El segundo frente apunta al ámbito municipal, con acciones judiciales contra tasas consideradas “excesivas y distorsivas”. Un caso representativo es Pilar, donde la tasa de seguridad e higiene del 4,5% más una tasa ambiental del 2% suman una carga del 6,5% sobre la actividad. Casos semejantes se observan en otros distritos: Quilmes aplica una tasa por seguridad e higiene del 3,74% y Hurlingham del 3,50%.
