Samanta Joana Vilchez está acusada de organizar un homicidio y desde este lunes, con el inicio del juicio oral en Rosario, enfrenta el pedido de prisión perpetua. Según la acusación, fue una pieza clave en el asesinato de Verónica Almada, ocurrido en febrero de 2022 en el barrio Ludueña, y el hecho se investiga como parte de una operación deliberada con la participación de varias personas.
De acuerdo con La Capital, la fiscalía sostiene que el ataque fue planeado y coordinado desde un penal y que se enmarca en una disputa vinculada al narcotráfico local, lo que agrava la calificación del caso. Además del homicidio de Verónica Almada, en el mismo hecho resultaron heridos un bebé de seis meses —hijo de la víctima— y una mujer de 22 años, por lo que a Vilchez se le imputa también tentativa de homicidio en ambos casos.
El Ministerio Público presentó la acusación por homicidio doloso, agravado por promesa remuneratoria y por la intervención concertada de varios autores, y pidió la pena máxima prevista en el Código Penal argentino. La fiscal a cargo es Carla Ranciari y el tribunal está compuesto por las juezas y el juez Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Verón.
Los hechos
El ataque con armas de fuego ocurrió el 18 de febrero de 2022 en una vivienda de Urquiza al 6000, en Ludueña, cuando varios hombres dispararon con la intención de matar a Jonatan “Peco” Almada, hermano de Verónica. La investigación identificó a “Peco” como integrante de una banda narco del barrio; en el momento del ataque estaba en libertad, pero luego fue detenido y enfrenta un proceso penal separado, por el cual podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.
Según la reconstrucción fiscal, el plan habría sido ideado por Fabio Alejandro Giménez, pareja de Vilchez en el momento de los hechos, quien habría coordinado operaciones desde la cárcel de Coronda. La fiscalía lo relaciona con una estructura considerada como una “empresa de sicariato” con base en Rosario. Giménez acumula imputaciones previas por homicidios, extorsiones y ataques armados y, siempre según la acusación, organizaba la logística de asesinatos por encargo desde el penal.
Giménez ya fue condenado a prisión perpetua en otras causas por su rol de instigador en homicidios coordinados desde establecimientos penitenciarios, lo que la fiscalía interpreta como un patrón delictivo sostenido. En este expediente, se le atribuye la instrucción a Vilchez para que contactara a los ejecutores, dispusiera vehículos y armas, determinara la ubicación de la víctima y realizara los pagos a los sicarios.
Samanta Joana Vilchez está detenida desde el 27 de mayo de 2022, cuando fue arrestada durante una visita a Giménez; para la fiscalía, esto confirma la continuidad de los vínculos y su participación activa en la organización del ataque. La investigación apunta a que Vilchez tuvo un rol central: verificar la ubicación de la víctima, entregar armas y vehículos a los ejecutores y coordinar los pagos, junto con al menos otras tres personas involucradas en la logística.
En términos procesales, la causa se tramita como homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por la intervención premeditada de varios autores, con la agravante de tentativa contra dos víctimas adicionales. El tribunal deberá decidir si corresponde imponer la pena máxima —prisión perpetua— tal como la solicitó la fiscalía en su alegato inicial.
