Sesenta y dos días antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) difundiera la alerta por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma —empresa de Ariel García Furfaro, detenido por la presunta muerte de 111 personas a las que se les suministró ese fármaco—, el organismo había publicado un comunicado en el que prohibía “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB’”, fabricado por la misma firma, por carecer de autorización y “de la correspondiente etiqueta de trazabilidad”. Actualmente, ese potente sedante está vinculado, de forma presumida, a las muertes por sobredosis de dos trabajadores de la salud: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt.
En el domicilio de Bentancourt, la Policía secuestró 50 ampollas de distintos medicamentos, entre los que había propofol y fentanilo, sustancias de uso exclusivo hospitalario que no se comercializan en farmacias. Se hallaron tres ampollas cerradas identificadas como “Fentanilo HLB”, aunque no pertenecían a los lotes contaminados que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, causa en la que hay 14 procesados; cuatro de ellos están con prisión preventiva y dos en prisión domiciliaria.
Por ahora, la Justicia determinó que los fármacos fueron sustraídos del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y del Hospital Rivadavia.
Estas drogas de uso médico se consumían en las llamadas “propofest” o “fiestas del propofol”, reuniones en las que un reducido grupo de profesionales de la salud utilizaba anestésicos con fines recreativos o para “viajes controlados” supervisados por un colega médico.
Las muertes y el desvío de estos fármacos de alto impacto clínico podrían haberse evitado si las instituciones hubieran aplicado estrictamente las normas nacionales de trazabilidad que regulan los medicamentos críticos en el sistema de salud.
La práctica de extraer y consumir estos medicamentos fuera de los hospitales no es nueva y viene registrándose desde hace años, lo que explica en parte el silencio dentro del sistema sanitario.
Tras la muerte del anestesista, circularon audios que aludían a encuentros organizados entre médicos en los que se consumía propofol y fentanilo robados de los hospitales y clínicas privadas donde trabajaban.
El 3 de septiembre de 2025, en el contexto del escándalo por las muertes de pacientes tratadas con fentanilo contaminado por bacterias multirresistentes y producido por los laboratorios de Ariel García Furfaro, el Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, dictó la Disposición 6223/2025 para reforzar la trazabilidad de los medicamentos “para garantizar su calidad y seguridad”.
El objetivo de la medida es fortalecer la seguridad sanitaria y la transparencia en la cadena de suministro de medicamentos, asegurando su calidad, autenticidad y seguridad para la población.
Para ello, la normativa amplía la lista de sustancias sometidas a trazabilidad y establece criterios claros para incluir o excluir principios activos del Sistema Nacional de Trazabilidad. Según la disposición, los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o relevancia para el tratamiento de enfermedades crónicas o de alta complejidad deberán incorporarse al sistema para su seguimiento exhaustivo a lo largo de toda la cadena de distribución.
La resolución explica además que, hasta ahora, la trazabilidad de estupefacientes y psicotrópicos como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba a nivel jurisdiccional mediante vales en papel, que debían ponerse a disposición del Gobierno Nacional cuando la ANMAT lo solicitara. Por eso, al definir lineamientos más claros para el registro y conservación de la información, con auditorías obligatorias y sanciones por incumplimiento, la nueva disposición busca establecer un control y seguimiento uniforme a nivel nacional.
Surge así la pregunta: hasta qué punto el desvío de propofol para los “viajes asistidos” desde hospitales y centros privados es responsabilidad del Estado o de los propios nosocomios que adquieren esos fármacos para su uso en pacientes.
A diferencia de lo que tradicionalmente ocurría con sustancias como la cocaína, los circuitos de abuso están cada vez más ligados a medicamentos de alta potencia, hospitalarios o no, diseñados exclusivamente para uso médico y con riesgos mayores. Las muertes de Zalazar y Bentancourt, presuntamente relacionadas con ese circuito ilegal, evidencian una falla conocida que ahora se hizo pública por la magnitud de la tragedia.
Infobae analizó las normas que regulan la trazabilidad de estas sustancias y las responsabilidades de los distintos actores, tanto estatales como privados.
En Argentina, la trazabilidad de medicamentos comprende varias etapas y en cada una existe un responsable distinto.
La ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de Salud, regula, habilita y fiscaliza la producción, importación y distribución hasta que el producto llega al establecimiento de salud: hospitales, clínicas, sanatorios o farmacias.
A partir de ese momento, la responsabilidad recae en el establecimiento: custodia del stock, condiciones de almacenamiento, control de acceso a medicamentos sensibles, registros internos de movimientos y cumplimiento de protocolos de seguridad.
En paralelo, los profesionales que administran esos fármacos (por ejemplo, anestesiólogos en el caso de propofol o fentanilo) son responsables de su indicación, administración y uso adecuado, conforme a guías clínicas, normas éticas y controles institucionales.
En concreto, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una responsabilidad normativa y de conducción, no una función operativa directa.
Define la política sanitaria nacional. Dicta normas marco. Establece la obligatoriedad del sistema de trazabilidad. Supervisa el funcionamiento general del sistema.
En términos jurídicos, la cartera a cargo de Mario Lugones no controla cada ampolla de forma individual; su función es diseñar el sistema y exigir su cumplimiento.
En ese marco aparecen las responsabilidades de cada eslabón de la cadena.
Cada actor es responsable de su tramo:
Los laboratorios deben serializar cada unidad e informar a la ANMAT sobre la producción y la liberación al mercado del producto. Las droguerías deben registrar la recepción y la distribución del medicamento. Los hospitales y clínicas están obligados a registrar el ingreso, el almacenamiento y el uso del fármaco, vinculando cada unidad al paciente correspondiente.
Legalmente, cada responsable responde por la veracidad y la carga en tiempo real de esos datos.
La normativa actual desvincula a las autoridades de la supervisión directa de cada registro individual y de los errores de carga o los desvíos internos. En esos casos, como los que se investigan en las causas abiertas, la responsabilidad por las sustracciones recae en los hospitales y clínicas.
En el caso concreto del propofol robado, los responsables son las instituciones que compraron las ampollas y no registraron correctamente su uso.
Las muertes del médico y del enfermero y el desvío de estos anestésicos controlados hacia el circuito ilegal ponen al descubierto las debilidades del sistema de control de medicamentos y los peligros que esto representa para la sociedad.
Un aspecto relacionado, que aún no recibe suficiente debate, es la confirmación de que decenas o cientos de pacientes pudieron quedar expuestos a profesionales con problemas de adicción, quienes deberían recibir tratamiento por su enfermedad y no participar en intervenciones quirúrgicas o en otras prácticas médicas.
