La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, después de varias horas de debate. Minutos más tarde, el presidente publicó un comunicado en el que afirmó que la modificación busca “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para la gestión de sus recursos.
En la madrugada, Javier Milei celebró el resultado en sus redes sociales y la Oficina de la Presidencia destacó que la sanción y la aprobación definitiva del Congreso responden a un proyecto de adecuación de la normativa sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial, orientado a ofrecer mayor certeza legal y a otorgar a las provincias facultades para la utilización de sus recursos.
Según el comunicado, la reforma aclara desde un punto de vista técnico-científico que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas periglaciales que desempeñan funciones hídricas, pero permite, tras evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de minerales en terrenos que habían sido erróneamente catalogados como glaciares y que no formaban parte del objeto protegido por la ley vigente.
La Oficina del Presidente añadió que la redacción original de la norma generaba confusiones e interpretaciones que, en su opinión, prohibían actividades mineras en áreas donde no existía protección necesaria, contraviniendo según el comunicado el artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y el artículo 124 (dominio originario de las provincias).
El mensaje oficial sostuvo que, al eliminar lo que consideró distorsiones ideológicas y trabas artificiales, el nuevo marco normativo busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, y afirmó que el cuidado del ambiente y el crecimiento económico pueden ser compatibles.
En otro pasaje, el presidente afirmó que los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y sostuvo que los grupos ecologistas que según él buscaban impedir el progreso de la República no lograron su objetivo; el comunicado presentó a este Gobierno como contrario a esas agendas.
Reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en esas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su promulgación, la ley motivó tensiones entre grupos ambientalistas y gobiernos provinciales que reclamaban mayor autonomía en la gestión de los recursos naturales.
En la sesión de la Cámara de Diputados, la reforma se aprobó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), contó con el respaldo de los bloques afines al oficialismo y con una notable presencia de funcionarios nacionales y provinciales.
Durante el debate, legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda expresaron una fuerte oposición, advirtiendo sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciando una supuesta entrega de recursos estratégicos. El comunicado oficial incluyó, además, un reconocimiento del presidente a los legisladores y gobernadores que apoyaron la iniciativa y a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.
El Gobierno afirmó que, con la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental” y una política que considera soberana e inteligente para la explotación de sus recursos. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año e involucró a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.
