Pablo Carlos Molina, titular de la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Corrientes, falsificó un oficio judicial para ordenar a la Gendarmería la intervención de dos teléfonos ubicados en Chaco en el marco de una causa por narcotráfico, aprovechando su cargo para disponer la medida.
Los números intervenidos correspondían a Carolina Etel Codutti y a Norberto Sucatzky; Codutti era la esposa de Molina y Sucatzky, un prestamista que además cambiaba divisas. En su adolescencia habían sido pareja, y el trasfondo del hecho fue una situación de celos y sospechas de infidelidad.
Para dar apariencia de legalidad al pedido, Molina redactó el oficio en papel membretado del juzgado, lo vinculó a un expediente en trámite, consiguió la firma del juez federal Carlos Soto Dávila y lo certificó, agregándole sellos antes de remitirlo a Gendarmería.
La intervención debía realizarse las 24 horas durante 30 días corridos entre mediados de septiembre y octubre de 2014, abarcando llamadas y mensajes.
Sin embargo, el oficio incluía una instrucción atípica: los audios no debían ser desgrabados ni transcritos, y los registros debían enviarse cerrados a la Secretaría Penal que ocupaba Molina.
Cómo se descubrió el caso
El fraude salió a la luz por una circunstancia fortuita cuando Molina fue trasladado a la Secretaría de Derechos Humanos. Al pedir a un empleado, Raúl Conforti, que trasladara sus efectos personales, éste encontró CDs con las grabaciones en un cajón y, al advertir que pertenecían a una causa, los guardó bajo llave.
Tiempo después, el juez federal Juan Carlos Vallejos ordenó el relevamiento de los elementos de la Secretaría Penal 2 y Conforti entregó entonces los CDs a la secretaria Margarita Portales.
Portales constató que el material estaba vinculado al oficio 178/13 y a la causa 257/2012, relacionada con narcotráfico, y que el documento llevaba la firma de otro funcionario, Federico Grau, de la Secretaría Penal 6; además, los números intervenidos no coincidían con los del expediente. Vallejos dispuso la apertura de un expediente y delegó la investigación en la Fiscalía.
Los investigadores verificaron que el oficio que había ordenado la intervención era el 3369 y que había sido emitido luego de que la causa 257 hubiera sido remitida al archivo.
El contenido de los CDs no tenía relación con actividades de narcotráfico: las grabaciones registraban a Molina dirigiéndose a su pareja con insultos, amenazas y agresiones verbales continuas.
Posteriormente se comprobó que el funcionario había incluido la intervención de dos líneas de Chaco en una causa que investigaba a una banda que operaba en Laferrere y en Mendoza.
En julio de 2025 Molina fue condenado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público. El 8 de abril de este año la Cámara de Casación Penal confirmó la condena en un fallo de 41 páginas. Además, el exfuncionario fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.
